La Generalitat ha lanzado un servicio especializado y operativo las 24 horas para actuar contra la ocupación ilegal de viviendas públicas. Este sistema responde en menos de 60 minutos tras detectar una intrusión. Cubre todo el territorio valenciano. Aplica a inmuebles gestionados por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). El objetivo es acelerar la recuperación legal de pisos y reducir el impacto social y económico de las okupaciones.
¿Cómo funciona el nuevo servicio jurídico de urgencia para desokupaciones?
El servicio se activa automáticamente tras una alerta de intrusión en una vivienda pública. Un equipo multidisciplinar asume la coordinación inmediata. Incluye un coordinador jurídico y al menos tres inspectores técnicos. Cuentan con vehículos, dispositivos móviles y software especializado para documentar cada paso.
Respuesta en tiempo real y representación legal
La empresa adjudicataria representa a la EVHA en todos los procedimientos administrativos de recuperación. No interviene en actuaciones policiales directas, pero sí coordina con las fuerzas de seguridad del Estado y empresas de seguridad privada. También gestiona la instalación de puertas antiokupación, alarmas y sistemas de vigilancia.
¿Qué cobertura territorial y legal tiene este servicio?
El servicio abarca los 542 municipios de la Comunitat Valenciana. Está sujeto al Reglamento de Procedimiento Administrativo Común y a la Ley de Vivienda de la Comunitat Valenciana. Cada actuación se documenta con informes técnicos y pruebas fotográficas. Todo se integra en un sistema centralizado de seguimiento.
Marco legal y transparencia obligatoria
El contrato exige cumplimiento estricto de los indicadores de calidad y plazos de respuesta. Se publican informes trimestrales de rendimiento. La duración inicial es de tres años, con dos prórrogas posibles. El presupuesto total es de 796.831 euros (IVA excluido).
¿Cuál es el impacto económico y social de las okupaciones en viviendas públicas?
Las ocupaciones ilegales generan pérdidas anuales estimadas en más de 2,3 millones de euros solo en gastos de restauración, seguridad y litigios. Además, retrasan la asignación de 1.200 viviendas protegidas anuales. El nuevo servicio busca reducir un 70 % el tiempo medio de recuperación, actualmente de 112 días.
Inversión en prevención y tecnología
Paralelamente, la Generalitat ha instalado 300 alarmas inteligentes y 600 puertas antiokupación en edificios EVHA. Estas medidas se integran con el servicio jurídico 24 horas para crear un sistema de doble capa: prevención técnica y respuesta legal inmediata.
¿Qué garantías de calidad y rendición de cuentas incluye el contrato?
El contrato exige reportes diarios de incidencias, auditorías trimestrales y evaluación de satisfacción de los técnicos EVHA. Se penalizan retrasos en la respuesta con descuentos automáticos en la factura. La Plataforma de Contratación del Estado publica todos los documentos del proceso.
Datos Clave
- Tiempo máximo de respuesta: 60 minutos tras aviso de intrusión
- Cobertura: 100 % del territorio de la Comunitat Valenciana
- Duración del contrato: 3 años + 2 prórrogas anuales
- Presupuesto estimado: 796.831 euros (sin IVA)
- Equipos mínimos exigidos: 1 coordinador jurídico + 3 inspectores técnicos
- Integración con 300 alarmas y 600 puertas antiokupación ya instaladas
El servicio forma parte de una estrategia integral que cruza derecho administrativo, seguridad urbana y gestión pública eficiente. Su puesta en marcha coincide con un aumento del 18 % en denuncias por okupación en 2025. La Generalitat prioriza la protección del patrimonio público sin vulnerar garantías procesales. Cada actuación se ajusta a la Constitución Española, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Directiva Europea de Protección de Datos.
