La regularización extraordinaria de inmigrantes en la Comunitat Valenciana ha movilizado a más de 167.000 personas en apenas dos meses y medio. Este volumen convierte a la región en la tercera comunidad autónoma con más solicitudes, tras Cataluña y Madrid. El proceso, que cerró el 30 de junio de 2026, forma parte de una estrategia nacional para integrar a extranjeros en situación administrativa irregular. Su ejecución afecta directamente al mercado laboral, los servicios públicos y el cumplimiento del marco legal migratorio español.
¿Por qué la Comunitat Valenciana lidera la tercera posición en solicitudes?
La alta densidad de población extranjera en zonas urbanas y agrícolas explica el volumen. Valencia y Alicante concentran el 6,38% y 6,23% del total nacional, respectivamente. Ambas provincias cuentan con sectores económicos intensivos en mano de obra migrante: agricultura, construcción y hostelería. Además, la red de oficinas de extranjería y ayuntamientos con capacidad de cita presencial —36.243 en total— facilitó el acceso al trámite.
¿Qué tipos de vías se utilizaron en la región?
El 79,6% de las solicitudes valencianas se enmarcaron en el arraigo extraordinario, figura que exige tres años de residencia continuada y vínculos socioeconómicos reales. El resto (20,4%) optó por la vía de protección internacional, aunque su proporción es menor que en otras regiones con mayor llegada de solicitantes de asilo.
¿Cuál es el estado actual de los expedientes tramitados?
A fecha 2 de julio, se habían resuelto 609.737 expedientes a nivel nacional: el 51,9% del total recibido (1.174.978). En la Comunitat, esto representa al menos 87.000 resoluciones preliminares. El ritmo de tramitación depende de la complejidad de cada caso, la verificación de documentos y la coordinación entre el Ministerio de Migraciones, la Seguridad Social y las comunidades autónomas.
¿Qué papel juega la digitalización en este proceso?
Más del 85% de las solicitudes valencianas se presentaron online mediante el sistema Sede Electrónica del Ministerio de Migraciones. Esto redujo colas físicas, pero también expuso brechas digitales: personas mayores, con bajos niveles de alfabetización digital o sin acceso estable a internet requirieron apoyo presencial en puntos de atención como los ayuntamientos de Valencia y Alicante.
¿Qué impacto económico tiene esta regularización en la Comunitat?
La incorporación formal de más de 167.000 personas impulsa la recaudación tributaria y la cotización a la Seguridad Social. Se estima que, una vez regularizados, estos trabajadores generarán un incremento anual de 120 millones de euros en cotizaciones. Además, su acceso a contratos formales reduce la economía sumergida, especialmente en el sector agrícola de la Vega Baja o la huerta de Valencia.
¿Qué marco legal regula este proceso?
La regularización se sustenta en la Orden INT/359/2026, que desarrolla el Real Decreto-Ley 10/2025 sobre medidas urgentes en materia migratoria. No es una amnistía, sino un procedimiento excepcional con requisitos objetivos: residencia continuada, ausencia de antecedentes penales graves y vínculos laborales o familiares verificables. Su carácter temporal —solo válido entre el 16 de abril y el 30 de junio— refuerza su naturaleza extraordinaria.
¿Qué desafíos persisten tras el cierre del plazo?
La saturación de los servicios de extranjería y la lentitud en la emisión de tarjetas de residencia son los principales cuellos de botella. También persiste la incertidumbre sobre el acceso a la sanidad pública y la educación para menores cuyos padres aún esperan resolución. Además, el aumento de la demanda ha reactivado debates sobre la necesidad de reformar la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de extranjeros.
Datos Clave
- Más de 167.286 solicitudes presentadas en la Comunitat Valenciana.
- 36.243 citas presenciales gestionadas entre abril y junio de 2026.
- Valencia y Alicante representan juntas el 12,61% del total nacional.
- El 79,6% de las peticiones usaron la vía de arraigo extraordinario.
- Se han tramitado ya el 51,9% de los expedientes a nivel nacional.
- Se prevé un impacto económico de +120 millones de euros anuales en cotizaciones a la Seguridad Social.
