La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum de dos meses a España para corregir la discriminación sistemática contra los trabajadores temporales del sector público. Si no se adoptan medidas efectivas, el caso podría derivar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta presión refleja una crisis estructural que afecta a más de 300.000 empleados públicos interinos y genera inestabilidad laboral, ineficiencia administrativa y costes económicos crecientes para las arcas públicas.
¿Qué exige Bruselas a España sobre los contratos temporales?
Bruselas ha emitido un dictamen motivado, el segundo escalón del procedimiento de infracción. Este paso confirma que la legislación española sigue incumpliendo la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada. La Comisión señala que los interinos reciben condiciones de empleo menos favorables, como salarios más bajos, ausencia de promoción interna y nula estabilidad, frente a sus homólogos fijos.
El incumplimiento no es nuevo: el procedimiento se abrió en 2015. Pero las reformas posteriores —como la Ley de Reforma del Régimen de Personal Laboral— no han resuelto las deficiencias estructurales. Bruselas considera que las respuestas oficiales siguen siendo insatisfactorias.
¿Por qué la temporalidad en el sector público es un problema económico real?
La sobrerrepresentación de contratos temporales genera costes ocultos. Las Administraciones Públicas gastan más en sucesivas convocatorias, formación repetida y litigios laborales. Según datos del INE (2025), el 28,3 % de los empleados públicos son interinos —más del doble de la media europea (12,1 %). Esto reduce la productividad y frena la planificación estratégica en servicios esenciales como sanidad, educación y atención social.
Además, la inestabilidad laboral afecta la calidad del servicio. Un informe de la AIReF (2026) estima que la rotación anual en cuerpos como los auxiliares administrativos supera el 18 %, frente al 4,2 % en plantillas fijas.
¿Qué marco legal regula la situación actual?
El ordenamiento español se rige por el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, y el Estatuto de los Funcionarios Públicos. Sin embargo, la normativa presenta lagunas: no define con claridad qué es un «uso abusivo» de contratos temporales, ni establece sanciones efectivas para su repetición. Tampoco obliga a la conversión automática tras cierto número de prórrogas, como exige la jurisprudencia del TJUE.
La Directiva 1999/70/CE, incorporada al derecho español, exige que los Estados miembros adopten medidas «eficaces y disuasorias» contra el abuso. España no ha cumplido este requisito, según Bruselas.
¿Qué ha hecho el Gobierno español hasta ahora?
El Ejecutivo ha impulsado la Ley para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, que prevé la convocatoria de 200.000 plazas fijas entre 2024 y 2027. También ha reforzado los mecanismos de acceso alternativo (como el sistema de estabilidad laboral en sanidad). Pero los datos muestran que la reducción real de la tasa de temporalidad ha sido del 2,1 % en 2025 —muy por debajo del 5 % anual requerido para cumplir con los objetivos europeos.
¿Cuál es el riesgo jurídico si España no responde?
Si el Gobierno no responde en los próximos dos meses, o si su respuesta no satisface a Bruselas, la Comisión podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una condena implicaría multas diarias y la obligación de reformar la legislación en plazos perentorios. Además, sentaría jurisprudencia vinculante para futuros recursos de trabajadores interinos ante tribunales nacionales.
Datos Clave
- La tasa de temporalidad en el sector público español es del 28,3 %, frente al 12,1 % de la UE.
- Bruselas ha emitido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción.
- El Gobierno tiene exactamente dos meses para responder antes de que el caso pueda ir al TJUE.
- La Directiva 1999/70/CE prohíbe la discriminación salarial y funcional entre fijos e interinos.
- Desde 2015, España ha recibido dos advertencias formales de la Comisión Europea por el mismo incumplimiento.
La presión europea no es solo técnica: es un llamado a reconstruir un modelo de empleo público basado en la estabilidad, la igualdad y la eficiencia. Sin cambios profundos, la temporalidad seguirá erosionando la calidad de los servicios públicos y el cumplimiento del Estado de Derecho.
