El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado su enfoque sobre la ley del aborto al requerir a varias comunidades autónomas, incluidas tres gobernadas por el Partido Popular y Asturias, que implementen el registro de objetores de conciencia. Este registro, establecido por la ley de interrupción voluntaria del embarazo desde 2023, es considerado por el Gobierno como esencial para garantizar el acceso a este derecho en los hospitales públicos. Sánchez ha otorgado un plazo de tres meses para que estas comunidades cumplan con la normativa, advirtiendo que, de no hacerlo, se podrían activar «mecanismos legales oportunos», lo que podría incluir la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La estrategia del presidente busca resintonizar con el electorado feminista, distanciado por diversas controversias, y posicionar al Gobierno como defensor de los derechos de las mujeres. En este contexto, se destaca la reciente polémica en torno a las pulseras antimaltrato, que ha llevado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a enfrentar críticas. A pesar de las dificultades, el Gobierno se mantiene firme en su compromiso de asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo con todas las garantías necesarias.
