La situación de las pulseras antimaltrato ha generado un intenso debate en el ámbito de la protección de las víctimas de violencia de género. Recientemente, se han reportado fallos en los sistemas de alerta y geolocalización de estos dispositivos, lo que ha llevado a cuestionar su eficacia. La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice, ha admitido que el sistema no es infalible y ha señalado que se han registrado incidencias desde finales del año pasado. Sin embargo, ha enfatizado que, a pesar de estos errores, no se ha producido ninguna fatalidad entre las mujeres que utilizan estos dispositivos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la utilidad de las pulseras, argumentando que han sido instaladas en aproximadamente 4,500 casos y que su uso ha contribuido a la seguridad de las víctimas. No obstante, ha enfrentado críticas de diversas organizaciones y profesionales del ámbito judicial que demandan una revisión exhaustiva del sistema. Erice ha indicado que, ante cualquier fallo, los jueces toman medidas adicionales para garantizar la protección de las mujeres, lo que sugiere que, aunque el sistema presenta deficiencias, se están implementando protocolos para mitigar riesgos.
