La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, se encuentra en el centro de la atención mediática tras su decisión de aportar al juzgado los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, durante la crisis provocada por la dana del 29 de octubre de 2024. Este anuncio se produce en un contexto de creciente interés por esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia que resultó en la trágica pérdida de vidas y daños materiales significativos en la Comunitat Valenciana.
La exconsellera, que asumió el mando único de la emergencia desde las 15 horas del 29-O, ha estado bajo investigación desde marzo de 2025. Su papel en la crisis ha sido objeto de análisis y debate, especialmente tras su declaración ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, donde presentó un acta notarial con las llamadas realizadas durante la jornada crítica, pero no incluyó los mensajes de texto que ahora se propone aportar. Esta decisión podría ser clave para entender la comunicación y las decisiones tomadas en el seno del gobierno durante la emergencia.
### Mensajes Clave y Estrategia Judicial
La estrategia de defensa de Pradas se centra en los mensajes que mantuvo con Mazón y su círculo cercano. Según fuentes cercanas a la exconsellera, estos mensajes son cruciales para demostrar que ella intentó mantener informados a los responsables de la Generalitat sobre la gravedad de la situación en Utiel, donde el desbordamiento del río Magro causó la muerte de seis personas. Pradas ha declarado que, a pesar de las instrucciones de no molestar a Mazón, decidió comunicarle directamente las alertas hidrológicas emitidas por Emergencias, lo que indica su compromiso con la gestión de la crisis.
Durante una entrevista en un programa de televisión, Pradas reveló que intentó comunicarse con Mazón poco antes de las 13 horas del 29-O, pero no logró contactarlo. En su lugar, optó por enviarle mensajes sobre las alertas, lo que refleja su proactividad en un momento crítico. Sin embargo, la respuesta de su jefe de gabinete, quien le sugirió que no molestara al presidente, plantea interrogantes sobre la dinámica de comunicación dentro del gobierno en un momento de crisis.
La exconsellera ha admitido que, a pesar de las instrucciones, decidió llamar a Mazón a las 16:29 horas para informarle sobre la gravedad de la situación en Utiel. Esta acción, que ella misma califica de inconformista, podría ser vista como un intento de asumir la responsabilidad en un momento en que la situación se tornaba cada vez más crítica. La decisión de aportar los mensajes al juzgado podría ser un movimiento estratégico para fortalecer su defensa y demostrar que actuó con la intención de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
### La Reacción del Gobierno y la Investigación
La investigación sobre la gestión de la emergencia del 29-O ha suscitado un intenso debate en la sociedad valenciana. La jueza Ruiz Tobarra ha solicitado a Pradas que aporte los mensajes de WhatsApp en un plazo de un día, lo que indica la relevancia de esta información para el caso. Además, se ha requerido al jefe de gabinete de Mazón que presente la factura de su teléfono del día de la dana, lo que permitirá cotejar las comunicaciones entre los implicados.
Este proceso judicial no solo se centra en la figura de Pradas, sino que también pone en tela de juicio la actuación de Mazón y su equipo durante la crisis. La decisión de Mazón de mantener su agenda y no acudir al Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 20:28 horas ha sido criticada, y la exconsellera ha señalado que su falta de presencia en el Cecopi pudo haber afectado la respuesta a la emergencia.
La situación se complica aún más con la revelación de que otros altos cargos del gobierno también desaconsejaron medidas de confinamiento en áreas afectadas, lo que añade una capa de complejidad a la investigación. La presión pública y la necesidad de rendir cuentas por parte de los responsables de la gestión de la crisis son cada vez más evidentes, y el resultado de esta investigación podría tener repercusiones significativas en el futuro político de los implicados.
La comunidad valenciana sigue atenta a los desarrollos de este caso, que no solo afecta a las figuras políticas involucradas, sino que también plantea preguntas sobre la eficacia de la gestión de emergencias en situaciones críticas. La transparencia en la comunicación y la toma de decisiones durante la crisis del 29-O será fundamental para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en las instituciones encargadas de velar por su seguridad.
