Capgemini anuncia un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 748 trabajadores en España. El 2,7 % de su plantilla valenciana —entre 23 y 25 personas— podría perder su puesto. La justificación oficial apunta a la aceleración del cambio tecnológico y la inteligencia artificial, pero los sindicatos cuestionan su fundamento estratégico y legal.
¿Qué impulsa el ERE de Capgemini en 2026?
La dirección de Capgemini atribuye el ERE a tres factores clave: la evolución de las necesidades de los clientes, la aceleración del cambio tecnológico y el impacto de la inteligencia artificial en sus modelos de servicio. Sin embargo, no hay evidencia pública de que la IA haya sustituido funciones directamente. En cambio, el criterio principal de selección ha sido la falta de asignación a proyectos activos —una situación conocida por la empresa desde hace más de dos años.
La gestión previa al ERE genera dudas legales
CC OO denuncia una nula gestión estratégica. El sindicato señala que la falta de proyectos no es consecuencia de la IA, sino de una planificación deficiente. Esto pone en riesgo la validez del ERE ante la Inspección de Trabajo y los tribunales.
¿Por qué Valencia tiene una afectación menor pero significativa?
Valencia alberga la tercera sede más grande de Capgemini en España, con 879 empleados. Aunque representa solo el 2,7 % de su plantilla local, los 23–25 afectados forman parte de un colectivo técnico altamente especializado. Su salida podría debilitar capacidades locales en transformación digital y gestión de sistemas críticos, sectores clave para la economía valenciana.
El impacto económico regional no es menor
La consultora aporta más de 120 millones de euros anuales al PIB valenciano. Cada trabajador despedido representa una pérdida estimada de 180.000 € en ingresos fiscales y consumo local. Además, la sede valenciana colabora con más de 40 pymes tecnológicas locales. Su reestructuración podría generar efectos en cadena.
¿Qué alternativas legales y sindicales están en marcha?
CC OO negocia cuatro vías para evitar despidos: salidas voluntarias, prejubilaciones, reubicaciones internas y formación en IA aplicada. Estas opciones están amparadas por el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483/2012 sobre EREs. La empresa tiene 30 días para cerrar el acuerdo con los representantes legales.
El marco legal exige proporcionalidad y transparencia
El ERE debe demostrar una causa objetiva real y comprobable. La mera evolución tecnológica no basta si no se acredita una imposibilidad real de reasignación. La Inspección de Trabajo ya ha abierto expedientes similares en 2025 contra otras consultoras por criterios de afectación opacos.
¿Qué dice el contexto nacional e internacional?
Capgemini no está aislada. Meta anunció 8.000 despidos en 2026 para «aumentar eficiencia». En España, el 62 % de los EREs tecnológicos en 2025 invocaron la IA como causa. Pero solo el 18 % incluyó planes de recualificación obligatoria. Esto revela una brecha entre discurso y práctica en la transición justa.
Datos Clave
- El ERE afecta a 748 trabajadores en España, el 6,8 % de la plantilla total.
- En Valencia, entre 23 y 25 empleados (2,7 % de los 879) están en riesgo.
- CC OO denuncia que la falta de proyectos fue advertida con 24 meses de antelación.
- El 82 % de los EREs tecnológicos en 2025 carecían de planes de recualificación vinculantes.
- La sede valenciana genera más de 120 M€ anuales para la economía regional.
La presión por la adopción acelerada de IA no justifica la falta de planificación humana. Las empresas deben demostrar que priorizan la capacitación continua, la reubicación interna y la transparencia operativa antes de recurrir al despido. El caso Capgemini es un termómetro de cómo se está gestionando la transformación digital en el tejido productivo español.
