El exconcejal del Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, ha decidido recurrir su citación como investigado en el caso Azud, un escándalo de corrupción que ha sacudido la política valenciana. Esta decisión se produce tras la citación emitida el 23 de octubre por el juez sustituto del Juzgado de Instrucción 13 de València, Antonio Baños López. Bellver, quien fue concejal del Partido Popular durante la alcaldía de Rita Barberá, está programado para declarar el próximo 17 de noviembre. Su implicación en el caso se relaciona con presuntos favores urbanísticos que beneficiaron al empresario Jaime Febrer, en los que supuestamente intermedió José María Corbín, cuñado de Barberá.
La defensa de Bellver ha argumentado que la citación es injusta y lesiona gravemente sus derechos. En su recurso, se menciona que el fiscal Anticorrupción había indicado que Bellver estaba bajo investigación desde un auto del 1 de octubre de 2019, pero su abogada sostiene que esta afirmación es incorrecta. Según ella, en esa fecha, Bellver era diputado de las Corts Valencianes, lo que le otorgaba el estatus de aforado y, por lo tanto, el Juzgado de Instrucción no tenía competencia para investigarlo. La abogada también señala que solo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana podría haberlo citado.
Bellver ocupó el cargo de diputado desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 26 de junio de 2023, lo que significa que su condición de aforado se extendió más allá de las legislaturas. La defensa también hace referencia a un auto del caso Azud del 29 de enero de 2021, que descartaba la elevación de la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia debido a la falta de indicios suficientes. La abogada de Bellver considera que es contradictorio que la Fiscalía base su solicitud de declaración en una resolución que afirma que no había pruebas suficientes.
La investigación del caso Azud ha revelado que Bellver recibió regalos de Jaime María Febrer entre 2003 y 2007, periodo en el que ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo y posteriormente fue gerente de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística. A pesar de las acusaciones, la defensa de Bellver niega cualquier ilícito penal y argumenta que, si se refieren a hechos de 2007, estos estarían prescritos. La investigación se ha visto interrumpida en varias ocasiones, y el Juzgado de Instrucción 13 de València había preguntado formalmente a las Corts en 2022 si Bellver era aforado, lo que detuvo el proceso de imputación.
La situación de Bellver no es única en el contexto del caso Azud, que ha implicado a varios funcionarios y empresarios en un entramado de corrupción que ha afectado a la administración pública en la Comunitat Valenciana. La trama ha puesto de relieve la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, así como la importancia de investigar a fondo cualquier indicio de corrupción.
La defensa de Bellver ha manifestado su intención de seguir luchando legalmente para demostrar su inocencia y ha solicitado la anulación de su citación. Este caso continúa generando un gran interés mediático y social, y se espera que las próximas declaraciones y decisiones judiciales arrojen más luz sobre las implicaciones de este escándalo de corrupción en la política valenciana. La situación de Bellver es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la justicia en la lucha contra la corrupción y la importancia de proteger los derechos de los investigados en el proceso judicial.
