El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado al juez que prohíba al abogado de la denunciante realizar declaraciones públicas sobre el caso de agresión sexual que lo involucra. Esta petición surge en un contexto de creciente tensión mediática, donde el letrado ha hecho numerosas intervenciones en medios de comunicación, lo que, según la defensa, compromete la confidencialidad del proceso judicial.
La defensa de González argumenta que el abogado de la víctima ha realizado más de cuarenta apariciones públicas desde que se filtró la querella, lo que podría afectar la imparcialidad del juicio. En su escrito, se destaca que el abogado ha compartido detalles del caso casi inmediatamente después de las comparecencias judiciales, lo que ha llevado a la defensa a cuestionar sus intenciones y a solicitar un apercibimiento formal.
Por otro lado, el abogado de la acusación ha defendido su derecho a informar, alegando que el exDAO ha mentido en sus declaraciones. La situación se complica aún más con la existencia de un audio que, según la acusación, contiene pruebas de la agresión, mientras que la defensa sostiene que se trata de una interacción consensuada. Este caso no solo pone en el centro del debate la presunción de inocencia, sino también el papel de los medios en la cobertura de procesos judiciales sensibles.
