El apagón nacional del 28 de abril de 2025 desencadenó una de las mayores actuaciones sancionadoras de la CNMC en la historia del sector eléctrico español. Hasta la fecha, se han abierto 55 expedientes sancionadores, 30 de ellos contra Endesa e Iberdrola. La central nuclear de Almaraz-Trillo recibió la calificación más severa: falta muy grave. El impacto económico supera los 60 millones de euros en multas potenciales. La investigación sigue activa y se extiende a operadores, gestores y centrales clave.
¿Qué causó el apagón del 28 de abril de 2025?
El colapso del sistema eléctrico peninsular se originó en una cascada de fallos técnicos y decisiones operativas no coordinadas. No hubo un único detonante, sino una combinación de falta de disponibilidad de generación, errores en la programación de intercambios con Francia y una respuesta inadecuada del gestor del sistema ante picos de demanda. La CNMC descartó causas externas como ciberataques o sabotaje, pero señaló deficiencias estructurales en los protocolos de seguridad del suministro.
¿Por qué Almaraz-Trillo recibió la sanción más grave?
La central nuclear de Almaraz-Trillo fue señalada por reducción de producción sin autorización, una infracción tipificada como muy grave bajo el artículo 65.1 de la Ley del Sector Eléctrico. A diferencia de Ascó y Vandellós —investigadas por ofertas anómalas en el mercado diario—, Almaraz actuó unilateralmente durante una ventana crítica de tensión. Su desconexión no fue notificada ni justificada técnicamente ante Red Eléctrica. Esto violó el deber de disponibilidad garantizada, obligatorio para instalaciones de base.
¿Qué dice la normativa sobre disponibilidad de centrales nucleares?
El Real Decreto 1955/2000 exige que las centrales nucleares mantengan una disponibilidad mínima del 90 % en periodos de alta demanda. El incumplimiento reiterado activa el régimen sancionador de la CNMC. La Ley 24/2013 refuerza esta obligación al vincularla con la seguridad del sistema eléctrico. Almaraz no cumplió con los informes de previsión de disponibilidad exigidos 72 horas antes del evento.
¿Cómo afectan las sanciones a Endesa e Iberdrola?
Endesa e Iberdrola acumulan 30 expedientes por presuntas infracciones al artículo 65.8: falta grave por incumplimiento de obligaciones de suministro. Ambas compañías gestionan más del 60 % de la capacidad de generación convencional en España. Las multas potenciales oscilan entre 600.001 y 6 millones de euros por caso, lo que implica un impacto financiero acumulado de hasta 180 millones. Además, la CNMC ha iniciado revisiones de sus planes de gestión de riesgos operativos, obligándolas a reestructurar sus protocolos de respuesta ante emergencias.
¿Qué papel jugó Red Eléctrica en el apagón?
Red Eléctrica fue sancionada en la primera oleada por falta muy grave en la garantía del suministro. Su fallo no fue técnico, sino de coordinación: no activó a tiempo los mecanismos de reserva de regulación secundaria, ni gestionó adecuadamente los flujos transfronterizos con Francia. La CNMC subrayó que su sistema de alerta temprana no emitió señales claras 30 minutos antes del colapso. Esto evidencia una brecha crítica en su capacidad de respuesta ante eventos extremos.
¿Qué implica el marco legal actual para futuros apagones?
La Ley 24/2013 y el Real Decreto 14/2022 establecen que toda interrupción masiva debe ser investigada por la CNMC en un plazo máximo de 15 días. Las sanciones no son solo económicas: incluyen suspensión temporal de derechos de participación en mercados y obligación de auditorías externas. El nuevo Plan Nacional de Seguridad del Suministro (2025–2030) exige simulacros trimestrales de colapso sistémico para todos los operadores con más del 5 % de cuota de generación.
Datos Clave
- Se han abierto 55 expedientes sancionadores, 30 contra Endesa e Iberdrola.
- Almaraz-Trillo es la única instalación investigada por falta muy grave.
- Las multas potenciales superan los 60 millones de euros en total.
- La CNMC aplicó por primera vez el artículo 65.1 a una central nuclear por desconexión no autorizada.
- El apagón afectó a más de 18 millones de consumidores durante 47 minutos.
- El coste económico estimado del evento supera los 320 millones de euros, según el Banco de España.
El apagón del 28 de abril de 2025 no fue un fallo aislado. Fue la señal de alarma de un sistema eléctrico bajo presión por la transición energética, la obsolescencia de infraestructuras críticas y la fragmentación regulatoria. Las sanciones de la CNMC marcan un punto de inflexión: la disponibilidad técnica ya no es discrecional, sino una obligación jurídica con consecuencias contables y operativas inmediatas. El sector debe adaptarse o asumir el costo de la inacción.
