La reciente muerte de dos jóvenes en el río Túria ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de las administraciones en la gestión de las zonas de baño. Los ahogamientos, ocurridos en un corto lapso de tiempo y en el mismo lugar, han dejado a la comunidad de Manises y Paterna en estado de shock y con muchas preguntas sin respuesta. La familia de uno de los fallecidos, Jeferson, ha señalado que estas tragedias podrían haberse evitado, lo que ha llevado a cuestionar si las autoridades locales, regionales y nacionales están haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad de los bañistas.
La situación se complica aún más debido a la existencia de múltiples administraciones que tienen competencias en la gestión de esta área. El Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) son las tres entidades que, de alguna manera, están involucradas en la regulación de las actividades en el río. Sin embargo, cada una de ellas tiene un nivel diferente de responsabilidad, lo que ha llevado a confusiones y a la falta de acción efectiva en la prevención de estos incidentes.
La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana ha hecho un llamado a las administraciones para que habiliten zonas seguras con socorristas en los ríos, ya que, a pesar de los riesgos, muchas personas continúan acudiendo a estos lugares para refrescarse. En marzo, las tres administraciones acordaron una serie de medidas para disuadir a los bañistas, especialmente con la llegada de las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, los familiares de Jeferson han denunciado que en la zona donde ocurrieron los ahogamientos no había señales que advirtieran sobre el peligro, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas.
La Ley de Aguas establece que el baño es un uso común que puede ejercerse libremente, pero también señala que la responsabilidad recae en el bañista. Esto significa que, legalmente, las administraciones no pueden prohibir el baño en estas zonas, sino que solo pueden advertir sobre los riesgos. Este vacío legal ha llevado a la confusión sobre quién es realmente responsable en casos de accidentes como los recientes. La normativa actual no permite a las Confederaciones Hidrográficas asumir la responsabilidad de la seguridad de las personas que deciden bañarse en sus cauces.
El Ayuntamiento de Manises ha expresado su preocupación y ha solicitado a las administraciones competentes que se prohíba el baño en estas zonas. A través de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia, han pedido la elaboración de un decreto que establezca prohibiciones y restricciones claras. Sin embargo, la falta de señalización adecuada y la ausencia de medidas preventivas efectivas han sido criticadas por los vecinos y familiares de las víctimas.
Desde la Generalitat Valenciana, se ha argumentado que la responsabilidad recae en los ayuntamientos, quienes deben delimitar el acceso a estas zonas. La conselleria de Medio Ambiente ha recordado que, aunque se han hecho recomendaciones conjuntas para evitar el baño, la zona donde ocurrieron los ahogamientos no estaba habilitada para esta actividad. En su página web, el parque natural advierte sobre los peligros del baño en el río, pero estas advertencias no parecen haber llegado a todos los bañistas.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha defendido su posición, afirmando que no tienen competencias en la zona donde ocurrieron los ahogamientos. Sin embargo, antes de las inundaciones, habían instalado paneles de advertencia sobre los riesgos de bañarse en el río, que fueron arrasados por las aguas. A pesar de esto, la CHJ había elaborado un listado de zonas peligrosas para el baño, pero curiosamente, la presa del Azud de la Acequia de Tormos, donde se produjeron los ahogamientos, no estaba incluida en esta lista.
La falta de coordinación entre las diferentes administraciones y la ambigüedad de la legislación actual han dejado a la comunidad en una situación vulnerable. La tragedia de los jóvenes ahogados en el río Túria no solo ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión de las normativas existentes, sino que también ha resaltado la urgencia de establecer medidas efectivas para garantizar la seguridad de los bañistas. La comunidad local espera respuestas claras y acciones concretas que eviten que tragedias como estas se repitan en el futuro.
