Este jueves, Valencia amaneció con más de 25 kilómetros de retenciones. Pero mientras el tráfico colapsaba, en el ámbito penitenciario se producía una decisión judicial de alto impacto: el rechazo a la semilibertad de Soledad Iparraguirre, conocida como ‘Anboto’, exjefa de ETA. El juez José Luis Castro, de la Audiencia Nacional, ordenó su regreso inmediato a prisión. La decisión no solo afecta a su libertad personal, sino que pone en el centro del debate la coherencia del sistema penitenciario, la protección de las víctimas y la seguridad jurídica.
¿Qué dice el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario?
El artículo 100.2 permite la aplicación de regímenes de semilibertad sin autorización judicial previa. El juez Castro lo califica como una «disfunción». Afirma que su aplicación automática genera falsas expectativas en los internos y desasosiego en las víctimas. También socava la confianza ciudadana ante decisiones que parecen contradictorias en medios de comunicación.
El juez propone una reforma legal urgente
Castro no solo rechaza la semilibertad de ‘Anboto’ y Carasatorre. También insta al legislador a modificar el artículo 100.2. Su propuesta busca reintroducir el control judicial previo. Esto garantizaría que cada caso se evalúe con criterios objetivos: gravedad del delito, riesgo de reincidencia y reparación a las víctimas.
¿Por qué se negó la semilibertad a ‘Anboto’?
La sentencia contra Soledad Iparraguirre incluye diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados y delitos contra la Corona. Su pena total suma 30 años de prisión. El juez subraya que no ha cumplido los requisitos éticos ni penológicos para acceder al segundo grado. No ha mostrado arrepentimiento público ni ha pedido perdón a las víctimas.
Contraste con el caso de ‘Txeroki’
En paralelo, el mismo juez autorizó un permiso de seis días a Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. La diferencia radica en su conducta: ha asumido sus delitos, ha pedido perdón y ha repudiado públicamente la violencia. Esa actitud sí cumple con los criterios del segundo grado penitenciario.
¿Cuál es el impacto económico y social de estas decisiones?
Las decisiones judiciales en casos de terrorismo tienen efectos tangibles. El Estado destina más de 120 millones de euros anuales al sistema penitenciario de alta seguridad. Cada caso como el de ‘Anboto’ activa protocolos de vigilancia reforzada, custodia especial y coordinación interministerial. Además, las asociaciones de víctimas estiman que cada decisión controvertida genera un costo emocional y social imposible de cuantificar: pérdida de confianza en la justicia y reactivación del dolor colectivo.
El marco legal actual no garantiza equidad
El Reglamento Penitenciario no distingue entre delitos comunes y delitos de terrorismo. Esto genera desigualdades de tratamiento. El juez Castro advierte que la flexibilización automática del cumplimiento de penas socava el principio de proporcionalidad. Y afecta directamente al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
¿Qué implica el segundo grado penitenciario para los condenados por terrorismo?
El segundo grado penitenciario permite salidas breves bajo supervisión. Pero no implica libertad condicional ni semilibertad. Su acceso exige: cumplimiento de al menos tres cuartas partes de la pena, buena conducta y participación activa en programas de reinserción. En casos de terrorismo, se exige además un pronunciamiento ético claro: repudio a la violencia y reconocimiento del daño causado.
Datos Clave
- El juez José Luis Castro anuló la semilibertad de ‘Anboto’ y Carasatorre el 22 de abril de 2026.
- Se mantiene su situación en segundo grado penitenciario, sin permisos de salida.
- Se aprobó un permiso de seis días para ‘Txeroki’, tras su arrepentimiento público y pedido de perdón.
- El magistrado propuso reformar el artículo 100.2 para exigir autorización judicial previa.
- ‘Anboto’ tiene una pena acumulada de 30 años de prisión por diez asesinatos y otros delitos graves.
- La decisión refuerza el papel del juez de vigilancia como garante de los derechos de las víctimas.
