El reciente testimonio de la Unidad Central Operativa (UCO) ante el Tribunal Supremo ha puesto en el centro de la polémica al Fiscal General, Álvaro García Ortiz. Durante la audiencia, los peritos de la UCO afirmaron que no pudieron acceder al contenido del teléfono del fiscal, ya que este había sido formateado justo antes de un registro crucial. Este hecho ha generado dudas sobre la transparencia y la integridad de la información relacionada con una filtración que involucra a un abogado y un caso de doble delito fiscal. La UCO sostiene que el fiscal realizó un borrado general de datos el 16 de octubre de 2024, lo que coincide con el anuncio de la apertura de una causa en su contra por el Supremo.
El testimonio de los agentes de la UCO también reveló que el fiscal cambió de dispositivo móvil el 23 de octubre, deshaciéndose de su anterior terminal, que contenía información relevante para la investigación. Este cambio de móvil, según los peritos, ocurrió una semana antes de que se llevara a cabo el registro en su despacho, lo que ha llevado a cuestionar la validez de la evidencia recolectada. La defensa del fiscal ha intentado deslegitimar el trabajo de la UCO, argumentando que el registro fue excesivo y que no se siguieron los protocolos adecuados. Sin embargo, los agentes han defendido su actuación, afirmando que no es posible realizar un volcado selectivo de datos en situaciones de este tipo, lo que complica aún más la situación del fiscal en el marco de esta investigación.
