Las asociaciones de víctimas de la dana de Valencia exigen la retirada inmediata del aforamiento de Carlos Mazón. Lo hacen tras la muerte de 230 personas el 29 de octubre de 2024. Denuncian que su condición de diputado le otorga impunidad. Exigen que se le investigue en Catarroja como cualquier ciudadano. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ya está en trámite. Su admisión podría marcar un precedente clave para la tutela judicial efectiva.
¿Qué es el aforamiento y por qué afecta a la investigación de Mazón?
El aforamiento es una prerrogativa constitucional que otorga competencia exclusiva a tribunales superiores para juzgar a altos cargos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) asumiría la causa contra Mazón. Pero las víctimas argumentan que los hechos investigados —relacionados con negligencias en la gestión de emergencias— no guardan nexo funcional con su cargo actual de diputado.
El argumento jurídico clave
La jueza de Catarroja sostiene que los hechos presuntamente delictivos ocurrieron durante su etapa como president de la Generalitat, no como parlamentario. Por tanto, no se justifica la protección del aforamiento. El recurso de amparo apela al artículo 24 de la Constitución: el derecho a la tutela judicial efectiva.
¿Qué dice el TSJ y por qué lo rechazó?
El TSJ rechazó la exposición motivada de la jueza instructora. Lo hizo bajo el argumento de que el aforamiento se aplica automáticamente al adquirir el escaño. Pero ese criterio ignora el análisis sustancial del nexo funcional, exigido por la doctrina del Tribunal Constitucional y la Sala de lo Penal del TS.
El vacío entre formalidad y justicia
Aplicar el aforamiento de forma automática sin examinar el vínculo entre los hechos y el cargo genera impunidad estructural. El caso Mazón pone en evidencia una grieta en el sistema: la protección institucional no debe convertirse en escudo ante responsabilidades penales por falta de planificación ante riesgos climáticos extremos.
¿Cuál es el impacto económico y social de la demora?
La paralización de la investigación retrasa la indemnización a más de 1.200 familias afectadas. También frena la asignación de fondos europeos para la reconstrucción de infraestructuras críticas. Desde el punto de vista económico, cada mes de impunidad incrementa los costes de litigios colectivos y erosiona la confianza en las instituciones. El Banco de España ya ha advertido que la incertidumbre jurídica afecta la inversión en zonas de riesgo climático.
El marco legal en tensión
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigen que el aforamiento se analice caso por caso. No es automático ni perpetuo. Además, la Directiva UE 2023/2671 sobre gestión de riesgos climáticos obliga a los Estados miembros a garantizar responsabilidades claras en la cadena de mando.
¿Qué esperan las víctimas del recurso ante el Constitucional?
Las asociaciones confían en que el Tribunal Constitucional admita el recurso por su trascendencia constitucional. No se trata solo de un caso aislado. Es un test de coherencia entre el derecho a la vida, la seguridad jurídica y la rendición de cuentas de los cargos públicos.
Datos Clave
- 230 muertes confirmadas en la dana del 29-O-2024.
- El recurso de amparo se presentó el 12 de junio de 2026.
- El TSJ rechazó la exposición motivada el 5 de junio.
- Mazón dejó la presidencia de la Generalitat en marzo de 2025.
- La investigación en Catarroja se centra en falta de protocolos de alerta temprana y desatención a informes técnicos previos.
- El aforamiento se otorgó automáticamente al obtener escaño en las elecciones de mayo de 2026.
La lucha de las víctimas trasciende lo personal. Es una exigencia de igualdad ante la ley, de transparencia institucional y de prevención real frente a catástrofes climáticas. El tiempo no espera. Ni las familias. Ni el clima.
