El proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en la Comunitat Valenciana ha generado una sobrecarga inmediata en las entidades colaboradoras. Más de 130.000 solicitudes se han presentado en toda España en los primeros días. Las ONG valencianas, clave en la atención presencial, carecen de infraestructura y personal comparables a las administraciones públicas. El Gobierno estudia habilitar más oficinas de Correos como puntos de apoyo técnico y documental. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, reconoce que la demanda superó las previsiones iniciales.
¿Por qué las ONG valencianas están saturadas con la regularización?
Las organizaciones sociales valencianas asumieron un rol central en la primera fase del proceso. Sin embargo, no cuentan con sistemas informáticos integrados, ni con personal especializado en trámites migratorios. Tampoco tienen capacidad para gestionar colas masivas ni turnos digitales. Muchas operan desde locales pequeños, sin conexión estable ni impresoras certificadas. Esto ha generado esperas de hasta 6 horas en algunas ciudades como Valencia, Ontinyent o Alicante.
Falta de coordinación entre administraciones locales y estatales
El Ayuntamiento de Valencia ha recibido críticas por su escasa capacidad de respuesta. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, exigió a la alcaldesa que ampliara horarios y reforzara equipos. En lugar de eso, se instalaron carteles indicando: «Vaya a la Delegación del Gobierno si necesita resolver su caso». Esta falta de articulación agrava la desconfianza entre solicitantes y gestores.
¿Qué soluciones propone el Gobierno para desahogar el sistema?
La alternativa más avanzada es la habilitación de oficinas de Correos como puntos de recepción de documentación. Correos dispone de más de 400 oficinas en la Comunitat, personal capacitado y sistemas de firma digital homologados. Además, ya colabora con el Ministerio de Inclusión en otros trámites sociales. La medida no sustituye a las ONG, sino que las complementa con infraestructura pública.
Ampliación de entidades colaboradoras en 10 días
El Gobierno ha acortado a 10 días hábiles el plazo para dar de alta nuevas entidades. Hasta ahora, más de 500 organizaciones han solicitado participar. Entre ellas, sindicatos como CCOO y UGT, asociaciones de vecinos y cooperativas de economía social. La acreditación incluye formación obligatoria en protección de datos y protocolos de atención a víctimas de explotación.
¿Cuál es el impacto económico real de esta regularización en la Comunitat?
La regularización no es solo un acto administrativo: es un estímulo económico directo. Se estima que más de 45.000 personas podrían acceder al mercado laboral formal en la Comunitat. Esto generaría un aumento del 2,3 % en las cotizaciones a la Seguridad Social en 2026. Además, el sector de la construcción y la agricultura —ambos con fuerte dependencia de mano de obra migrante— podrían reducir su tasa de contratación irregular en un 37 %.
Marco legal: Real Decreto-ley 12/2023 y su aplicación local
El proceso se sustenta en el Real Decreto-ley 12/2023, que habilita una vía excepcional para migrantes en situación irregular que acrediten residencia continuada y vínculos laborales o familiares. En la Comunitat, la aplicación se articula mediante convenios con entidades inscritas en el Registro de Entidades del Consell. No obstante, el decreto no prevé dotación presupuestaria específica para apoyo logístico a las ONG, lo que explica la brecha operativa.
¿Qué datos clave debes conocer sobre la regularización en Valencia?
- Más de 130.000 solicitudes presentadas en España desde el inicio del proceso.
- 500 entidades han solicitado ser colaboradoras; 10 días es el plazo máximo de acreditación.
- Las oficinas de Correos podrían convertirse en puntos oficiales de recepción documental.
- Se estima que 45.000 personas podrían regularizarse en la Comunitat Valenciana.
- El Real Decreto-ley 12/2023 es la base jurídica, pero carece de financiación para apoyo logístico a ONG.
Datos clave también revelan que el 68 % de las solicitudes en la Comunitat provienen de personas de origen marroquí, ecuatoriano y colombiano. El 41 % trabaja en el sector agrícola, el 29 % en servicios y el 18 % en construcción. La tasa de empleo informal entre estos colectivos supera el 74 %, según datos del INE 2025.
