La reciente aprobación de la ley de multirreincidencia en el Congreso ha generado un amplio debate político. Esta normativa, impulsada por Junts, busca endurecer las penas por hurtos, especialmente aquellos que involucran dispositivos móviles. Con 306 votos a favor y solo 36 en contra, la ley ha recibido más apoyo de la oposición que de los socios del Gobierno, lo que ha suscitado críticas sobre la estrategia del Ejecutivo. La reforma establece penas de prisión que van de seis meses a tres años para quienes acumulen condenas por hurtos menores, y de uno a cinco años para delitos relacionados con el tráfico de combustibles para narcolanchas.
El contexto de esta ley se enmarca en una creciente preocupación por la seguridad y el aumento de delitos menores. Sin embargo, algunos partidos, como Sumar, han criticado la medida, argumentando que se centra en problemas menores mientras ignora cuestiones más urgentes, como la crisis de vivienda. La ley también incluye modificaciones que permiten la prohibición de acercarse a determinadas áreas o personas para los delincuentes, lo que añade un nuevo nivel de control sobre la conducta de los infractores. Este enfoque ha generado un debate sobre la eficacia y la justicia de las medidas propuestas.
