La situación de los presos de ETA ha generado un intenso debate en la sociedad española. Actualmente, de los 107 reclusos, solo 40 permanecen en régimen cerrado. La mayoría de estos presos han accedido a medidas de semilibertad a través de terceros grados, que permiten salir temporalmente de prisión bajo control telemático. Este sistema ha sido objeto de críticas por parte de diversas asociaciones, que argumentan que muchos de estos reclusos no han mostrado arrepentimiento por sus acciones. En 2025, el Gobierno vasco ha aprobado varias progresiones, aunque algunas han sido recurridas por la Fiscalía, lo que ha llevado a la revocación de algunas de ellas.
El artículo 100.2 del régimen penitenciario ha facilitado la flexibilización del segundo grado, permitiendo a muchos presos salir de la cárcel durante ciertas horas. Esta medida ha sido vista como un paso previo hacia el tercer grado, generando preocupación entre las víctimas del terrorismo y sus familias. La asociación Dignidad y Justicia ha denunciado que estas decisiones podrían llevar a una reducción significativa de la población carcelaria de ETA en un corto plazo, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la justicia y la reinserción de estos individuos en la sociedad.
