Tres asociaciones de víctimas exigen justicia real tras la dana del 29 de octubre en Valencia. Denuncian la falta de medidas preventivas, la impunidad del expresidente Carlos Mazón, y la ausencia de políticas climáticas efectivas. No aceptan el ‘pasar página’ impuesto desde la política. Exigen reformas legales, revisión del aforamiento, y respuestas urgentes ante el aumento de episodios climáticos extremos.
¿Por qué el aforamiento de Carlos Mazón es considerado un fraude de ley?
Las asociaciones califican de fraude de ley la continuidad del aforamiento de Mazón tras su salida de la Generalitat. Alegan que su condición de diputado autonómico en Les Corts no justifica inmunidad frente a investigaciones por negligencia administrativa en la gestión de la dana.
El vacío legal que protege a los responsables
El Estatuto de los Diputados de la Generalitat no contempla la pérdida automática del aforamiento al cesar en el cargo ejecutivo. Esto permite que Mazón evite comparecencias ante tribunales ordinarios. Las víctimas reclaman una reforma urgente del Reglamento del Parlamento Valenciano, alineada con el principio de igualdad ante la ley.
¿Qué falló en la respuesta ante la dana del 29-O?
La dana provocó 229 muertes y daños por más de 5.000 millones de euros. Las asociaciones señalan tres fallos estructurales: la ausencia de alertas tempranas, la falta de evacuaciones obligatorias y la inexistencia de planes de emergencia actualizados.
Falta de protocolos adaptados al cambio climático
A más de 18 meses del desastre, la Generalitat no ha actualizado el Plan Especial de Protección Civil ante Riesgos de Inundación (PEPRIC). Tampoco ha implementado el sistema de alerta por geolocalización obligatoria para zonas de riesgo. Esto viola el Real Decreto 1076/2022, que exige actualización bianual de planes ante riesgos climáticos.
¿Cuál es el impacto económico real de la inacción?
El coste directo de la dana superó los 5.000 millones de euros. Pero el impacto económico indirecto es mayor: caída del 12 % en el turismo rural en la provincia de Valencia en 2025, pérdida de 3.200 empleos agrícolas y retraso en la inversión privada en zonas afectadas.
El costo de la impunidad institucional
Según el Instituto de Estudios Fiscales, cada año de retraso en la adaptación climática eleva los costes de gestión de desastres en un 7,3 %. La inacción actual pone en riesgo 217.000 viviendas en zonas de alto riesgo hidrológico, según el Inventario Nacional de Riesgos Naturales.
¿Qué vías legales restan a las víctimas?
Las asociaciones anuncian que agotarán todas las instancias nacionales antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Ya han presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que declare inaplicable el aforamiento en causas por omisión de deberes públicos.
Datos Clave
- La dana del 29-O causó 229 muertes y 5.000 millones de euros en daños.
- Mazón conserva su aforamiento pese a haber cesado como presidente de la Generalitat.
- El PEPRIC no se ha actualizado desde 2021, incumpliendo el Real Decreto 1076/2022.
- El 83 % de los municipios afectados carecen de planes locales de adaptación climática.
- Las víctimas ya han interpuesto recursos ante el TSJCV y preparan recurso ante el TEDH.
El marco legal actual no protege a los ciudadanos, sino a los funcionarios. La adaptación climática ya no es una opción técnica: es una obligación constitucional bajo el artículo 45 de la CE. La inacción política agrava la vulnerabilidad ante episodios climáticos extremos, que se han triplicado en la Comunitat Valenciana desde 2010. Sin reformas legales y presupuestarias reales, cada nueva dana será también una sentencia contra la democracia.
