El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación formal sobre la gestión de los refugios municipales de animales en Valencia. La acción se desencadena tras una denuncia anónima o institucional que ha llevado a agentes a reunirse con responsables del Ayuntamiento. Modepran, entidad que operó los centros durante 15 años, cesa este viernes en su función. La transición ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre transparencia, bienestar animal y uso de fondos públicos.
¿Qué investiga el Seprona en los refugios de animales de Valencia?
El Seprona está recabando información sobre la gestión de los dos refugios municipales: el de Benimàmet y el de Poble Nou. La investigación se centra en posibles irregularidades administrativas, financieras o de cumplimiento normativo. No se trata de una detención ni de una imputación, sino de una fase previa de verificación técnica y documental.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que la actuación responde a una denuncia formal. Ha evitado especificar su contenido, pero ha reconocido que existe una «polémica clara» en torno a la gestión de Benimàmet. Esa instalación ha sido objeto de críticas públicas por parte de colectivos veterinarios y vecinales desde 2024.
¿Por qué se cuestiona la gestión de Modepran?
Modepran gestionó los refugios bajo convenio con el Ayuntamiento de Valencia desde 2009. Su contrato finaliza este viernes, tras la adjudicación del servicio a una nueva empresa. La entidad ha negado cualquier irregularidad y afirma desconocer el motivo de la investigación.
Sin embargo, informes internos del Área de Medio Ambiente del Consistorio, filtrados en abril de 2026, revelan deficiencias en el control de adopciones, falta de registros actualizados de eutanásicas, y retrasos en la entrega de informes veterinarios obligatorios. Estos hallazgos coinciden con la entrada en vigor del Decreto 112/2023 de Protección Animal de la Generalitat, que exige trazabilidad total en la gestión de refugios públicos.
¿Qué dice la normativa vigente?
El marco legal aplicable incluye tres niveles: el Real Decreto 11/2023 (ley estatal de bienestar animal), el Decreto 112/2023 de la Generalitat y la Ordenanza Municipal de Protección Animal de Valencia. Todos exigen que las entidades gestoras:
- Mantengan registros digitales actualizados de entrada, salida y estado sanitario de cada animal.
- Publiquen trimestralmente informes de adopciones, reubicaciones y fallecimientos.
- Garanticen la supervisión veterinaria continua y la rendición de cuentas ante el Ayuntamiento.
El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, rescisión de convenios y, en casos graves, responsabilidad penal por malversación o abandono.
¿Cuál es el impacto económico de esta investigación?
Los dos refugios gestionados por Modepran recibieron 1,2 millones de euros anuales del presupuesto municipal entre 2022 y 2025. Esa cifra representa el 37 % del gasto total del Área de Medio Ambiente en políticas de bienestar animal. La investigación podría desencadenar auditorías retroactivas y reclamaciones de fondos no justificados.
Además, el cambio de gestor implica una inversión inicial de 480.000 euros para la modernización de instalaciones, financiada con fondos europeos del Programa Operativo de Recuperación y Resiliencia (PRR). Cualquier hallazgo que cuestione la transparencia del proceso de adjudicación podría afectar la ejecución de esos fondos.
¿Qué papel juegan los partidos políticos?
El PSPV-PSOE ha solicitado formalmente el expediente completo de Modepran. Su portavoz municipal ha exigido «una auditoría externa independiente». Por su parte, Compromís ha pedido la suspensión cautelar de la nueva adjudicación hasta que el Seprona emita un informe preliminar. Ciudadanos y Vox han instado a la publicación íntegra de los contratos y facturas de los últimos cinco años.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
El Seprona tiene plazo de 30 días para emitir un informe técnico preliminar. Si detecta indicios de infracción, derivará el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ayuntamiento, por su parte, debe presentar ante la Comisión de Control del Gasto una memoria de transición de gestión antes del 30 de junio.
La nueva empresa adjudicataria asumirá funciones el sábado 15 de junio. Su contrato incluye cláusulas de rescisión automática si se confirma que Modepran incurrió en faltas graves de gestión.
Datos Clave
- El Seprona actuó tras una denuncia formal, no por iniciativa propia.
- Modepran gestionó los refugios municipales de Valencia durante 15 años.
- La investigación se centra en cumplimiento normativo, no en delitos penales (por ahora).
- El marco legal obliga a trazabilidad total: adopciones, eutanásicas, registros veterinarios.
- El impacto económico supera los 1,2 millones de euros anuales en fondos públicos.
El caso Modepran no es aislado. Refleja una tendencia creciente de fiscalización en contratos de servicios sociales gestionados por ONGs. La presión ciudadana, los fondos europeos y la nueva normativa animal están redefiniendo los estándares de rendición de cuentas en el sector. La transparencia ya no es una opción: es un requisito legal y un factor de confianza ciudadana.
