La tragedia ocurrida en la Feria de Navidad de Mislata en 2022, donde dos niñas perdieron la vida tras el desplome de un castillo hinchable, ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha desatado un prolongado proceso judicial que aún no ha llegado a su fin. A medida que se acerca el cuarto aniversario de este trágico suceso, los padres de las víctimas continúan luchando por justicia en un sistema que parece estancado.
La pequeña Vera, que habría cumplido ocho años este año, y Cayetana, de ocho años, fueron las víctimas fatales de un accidente que, según las investigaciones, fue causado por una serie de irregularidades en el montaje y la explotación de la atracción. Desde el inicio de la investigación, el grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha señalado múltiples anomalías que llevaron a la tragedia. Sin embargo, el proceso judicial ha sido criticado por su lentitud, con siete prórrogas ya firmadas y un estancamiento que ha frustrado a los padres de las niñas.
### Irregularidades en la instalación y la falta de respuesta judicial
Los padres de Vera y Cayetana han expresado su indignación ante la falta de avances en la investigación. A pesar de que la Fiscalía y algunos de los investigados han solicitado la prolongación de la investigación, el Juzgado de Instrucción 4 de Mislata ha sido criticado por su inacción. La madre de Vera ha denunciado en redes sociales que, a un mes de la finalización de la sexta prórroga, la situación sigue sin cambios.
La investigación ha revelado que el castillo hinchable, operado por feriantes, no cumplía con las normativas de seguridad necesarias. Los responsables de la atracción, así como un ingeniero que certificó la feria un mes antes del accidente, están bajo investigación. Sin embargo, la falta de respuesta del juzgado ha llevado a que los padres de las víctimas se sientan desamparados. La acusación particular ha señalado que el juzgado aún no ha elevado a la Audiencia de València un recurso de apelación presentado en mayo, lo que ha añadido más frustración a la situación.
El proceso judicial ha sido marcado por retrasos significativos en la tramitación de recursos y en la citación de testigos. Los padres de Vera han solicitado que se llame a declarar a un técnico municipal de Cultura y al concejal de Industria, responsables de la licencia de actividad de la feria, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. Este tipo de inacción ha llevado a que la comunidad exija una revisión de los protocolos de seguridad en ferias y eventos similares.
### La lucha por la justicia y la seguridad en ferias
La tragedia de Mislata ha puesto de relieve la necesidad de revisar las normativas de seguridad en atracciones temporales. La falta de supervisión adecuada y la ausencia de licencias necesarias para operar han sido temas recurrentes en las discusiones sobre la seguridad en ferias. La comunidad ha comenzado a cuestionar la responsabilidad de los ayuntamientos en la supervisión de estos eventos, especialmente cuando se trata de la seguridad de los más pequeños.
Los padres de Vera y Cayetana no solo buscan justicia para sus hijas, sino que también abogan por cambios en las regulaciones que rigen la instalación y operación de atracciones en ferias. La presión pública ha crecido, y muchos ciudadanos han comenzado a exigir que se implementen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los niños en eventos similares.
A medida que se acerca el cuarto aniversario de la tragedia, la comunidad de Mislata sigue recordando a las pequeñas y exigiendo que se haga justicia. La lucha de los padres por respuestas y por un sistema judicial más eficiente es un recordatorio de que la seguridad de los niños debe ser una prioridad en la organización de eventos públicos. La historia de Vera y Cayetana no debe ser olvidada, y su legado puede ser un catalizador para cambios significativos en la regulación de la seguridad en ferias y atracciones temporales.
