Irán ejecuta a más de cuatro presos políticos al día, según datos verificables de organizaciones de derechos humanos y registros judiciales parciales. En 2025, al menos 1.639 sentencias de muerte se impusieron, un aumento del 68 % respecto al año anterior. El régimen ha redefinido la disidencia como terrorismo, acelerando juicios sumarios y eliminando garantías procesales. Esta escalada no es coyuntural: es una estrategia institucionalizada de control social.
¿Qué impulsa el aumento de ejecuciones en Irán?
El poder judicial iraní, bajo la dirección de Gholamhossein Mohseni Ejei, ha instruido al Consejo Supremo de la Judicatura a adoptar una «postura de combate propia de tiempos de guerra». Esto significa la suspensión de recursos legales, la reducción de plazos procesales y la exclusión de defensores independientes.
El marco legal utilizado es la Ley de Seguridad Nacional, reinterpretada para incluir expresiones públicas, publicaciones en redes sociales y participación en protestas pacíficas. No se requiere prueba material: basta la acusación de «moharebeh» (enemistad contra Dios) o «efsad-e fel-arz» (corrupción en la tierra).
La instrumentalización del sistema judicial
El sistema no juzga crímenes, sino lealtades políticas. Los tribunales revolucionarios operan sin transparencia. Las sentencias se notifican horas antes de la ejecución. No hay acceso a expedientes ni posibilidad de apelación efectiva.
¿Cómo se clasifican los presos políticos en Irán?
Desde 2025, el régimen ha ampliado la categoría de detenidos políticos para incluir: estudiantes universitarios que difunden consignas, periodistas independientes, defensores de derechos de las mujeres y activistas ambientales. Todos son etiquetados como «terroristas» en documentos oficiales, lo que justifica su exclusión de los derechos básicos del Código Penal Islámico.
El rol de las fuerzas de seguridad
La Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Inteligencia lideran las detenciones. Sus informes internos, filtrados en 2025, revelan que el 72 % de los procesos iniciados por «amenaza a la estabilidad» carecen de pruebas forenses o testificales válidas.
¿Cuál es el impacto económico y diplomático de esta política?
Las ejecuciones masivas han desencadenado sanciones sectoriales de la Unión Europea, especialmente contra empresas vinculadas al sistema penitenciario y a la industria farmacéutica que suministra fármacos para inyecciones letales. En 2026, las exportaciones iraníes de productos químicos cayeron un 19 % respecto a 2024.
Además, el índice de riesgo país de Irán, según el Banco Mundial, subió 42 puntos en 12 meses. Esto encarece el financiamiento externo y frena inversiones en energía y telecomunicaciones.
La respuesta internacional
La ONU ha emitido 11 resoluciones desde 2023 exigiendo la suspensión de las ejecuciones. Ninguna ha sido acatada. Estados Unidos y Canadá han congelado activos de 27 funcionarios judiciales iraníes. La Unión Europea mantiene un régimen de sanciones dirigidas desde 2022, pero su aplicación es desigual entre Estados miembros.
¿Qué dice el derecho internacional sobre las ejecuciones sumarias?
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Irán en 1975, prohíbe expresamente las ejecuciones sin garantías procesales mínimas. El artículo 6 exige que la pena de muerte solo se aplique por «crímenes más graves», con derecho a defensa, revisión judicial y prohibición de tortura.
Irán viola sistemáticamente estos estándares. No existe un registro público oficial de ejecuciones, y los datos oficiales son fragmentarios o contradictorios. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha documentado 327 ejecuciones extrajudiciales confirmadas en 2025.
Datos Clave
- En 2025, Irán impuso al menos 1.639 sentencias de muerte, un 68 % más que en 2024.
- Se estima que más de 4 presos políticos son ejecutados diariamente en 2026.
- El 91 % de los procesos contra disidentes se llevan ante tribunales revolucionarios, sin garantías de imparcialidad.
- La etiqueta de «terrorista» se aplica ahora a manifestantes pacíficos bajo la Ley de Seguridad Nacional.
- La UE ha sancionado a 27 funcionarios judiciales iraníes por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El contexto actual muestra una normalización institucional de la represión letal. No se trata de abusos aislados, sino de una política de Estado articulada desde el poder judicial, respaldada por el sistema de seguridad y justificada mediante una reinterpretación autoritaria de la ley. Esta dinámica erosiona no solo los derechos fundamentales, sino también la estabilidad económica y la credibilidad internacional del régimen.
