La reciente detención del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sacudido el panorama empresarial de la región. La Policía Nacional llevó a cabo la detención en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, relacionada con la gestión de un programa de bonos consumo que se implementó entre 2022 y 2023 en varios municipios de la provincia. Esta acción ha generado una gran preocupación entre los miembros de la Cámara, quienes ven en este suceso un golpe a la reputación de la institución.
Los agentes no solo arrestaron a Baño, sino que también realizaron un registro en la sede de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme). Durante esta operación, se recogió documentación que podría ser clave para la investigación. La situación se complica aún más, ya que Baño había sido invitado a un evento importante en la Cámara, pero su ausencia fue justificada por un «imprevisto». Este escándalo pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de recursos públicos y la vigilancia de las instituciones que manejan fondos destinados al comercio local.
