La reciente reforma legal en España, que entrará en vigor el 3 de octubre de 2025, ha generado una ola de preocupación entre magistrados y profesionales de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). La Ley de Eficiencia de la Justicia 1/2025, que busca modernizar y agilizar la administración de justicia, asigna nuevas competencias a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. A partir de esta fecha, estos juzgados no solo se encargarán de los casos de violencia en el ámbito de la pareja, sino que también asumirán la tramitación de casos de violencia sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, matrimonios forzosos y mutilación genital femenina. Esta ampliación de competencias ha suscitado críticas entre más de un centenar de jueces, quienes advierten que esta medida no ha sido acompañada de los recursos necesarios para su implementación.
La preocupación principal radica en que los juzgados ya están saturados y la carga de trabajo podría incrementarse en un 20%. Los magistrados han expresado su temor a un colapso inminente, ya que no se han dotado de infraestructuras, personal ni medios materiales suficientes para afrontar esta nueva realidad. En respuesta a esta situación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido reforzar 23 juzgados en todo el país, incluyendo cinco en la Comunitat Valenciana, y ha aumentado el número de jueces y magistrados especializados en violencia sobre la mujer. Sin embargo, los profesionales del sector sostienen que estas medidas son insuficientes y que la realidad en muchos partidos judiciales es muy diferente a lo que se plantea desde las instituciones.
### La Implementación de Nuevas Herramientas y su Impacto
Otro aspecto que complica aún más la situación es la reciente implementación de la herramienta de gestión procesal Just@CV en la Comunitat Valenciana. Esta plataforma, diseñada para digitalizar los procedimientos y reducir el uso de papel, ha generado más problemas que soluciones en su primer mes de funcionamiento. Los magistrados han reportado que más de un millar de causas están pendientes de asignación a un juzgado, lo que agrava aún más la situación de colapso que ya se anticipa con la llegada de las nuevas competencias.
Uno de los puntos más críticos es cómo estas reformas afectarán a las víctimas de violencia. Los magistrados han manifestado su preocupación por la atención que recibirán las víctimas durante las guardias, especialmente aquellas que requieren órdenes de protección. La posibilidad de atender a una víctima de violación, que requiere un tratamiento delicado y personalizado, se ve amenazada por la carga adicional de trabajo que se avecina. Esto podría llevar a que la atención a las víctimas se diluya entre un mayor número de casos, comprometiendo la calidad del servicio que se les ofrece.
Además, los profesionales de las UVFI han advertido que los plazos de atención a las víctimas se alargarán considerablemente. Con el aumento de casos de violencia sexual en los últimos años, la capacidad de respuesta de estas unidades se verá severamente comprometida. Entre 2020 y 2024, las pruebas periciales en la ciudad de València se han duplicado, mientras que el número de profesionales en este ámbito apenas ha aumentado en un 50%. Esta disparidad entre la demanda y la oferta de servicios es alarmante y pone en riesgo la atención adecuada a las víctimas.
### La Necesidad de Recursos y Protocolos Especializados
Los profesionales de las UVFI han unido sus voces a las de los magistrados para reclamar más recursos y una mejor organización en la atención a las víctimas. La falta de personal y la sobrecarga de trabajo son problemas que afectan tanto a los jueces como a los forenses y trabajadores sociales. La escasez de unidades especializadas en la evaluación del contexto de violencia también ha sido señalada como un factor crítico que impide una atención integral a las víctimas.
La creación de protocolos específicos para la atención de casos de violencia sexual es otra de las demandas urgentes. Aunque ya existe un protocolo general, los profesionales insisten en que los casos de violencia sexual requieren un enfoque más detallado y especializado, dado que involucran múltiples factores y circunstancias. La falta de un protocolo adecuado podría resultar en una valoración ineficaz de las víctimas, lo que a su vez podría afectar el desarrollo de sus procesos judiciales.
En resumen, la reforma legal que amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ha generado una serie de desafíos que amenazan con colapsar un sistema ya sobrecargado. La falta de recursos, la saturación de casos y la necesidad de protocolos especializados son cuestiones que deben ser abordadas con urgencia para garantizar una atención adecuada a las víctimas de violencia. La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de las instituciones para evitar que la justicia se convierta en un proceso aún más complicado y lento para quienes más lo necesitan.
