La reciente dimisión de Álvaro García Ortíz, fiscal general del Estado, ha desatado una ola de reacciones en el ámbito político español. Su salida se produce tras la condena del Tribunal Supremo, lo que ha llevado al Partido Popular (PP) a criticar fuertemente al Gobierno. La portavoz del PP, Ester Muñoz, afirmó que García Ortíz fue «expulsado por delinquir», mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusó al Ejecutivo de actuar como una dictadura. Estas declaraciones reflejan un clima de tensión entre el Gobierno y la oposición, donde se cuestiona la independencia del poder judicial.
Por otro lado, la dimisión de García Ortíz también ha encontrado defensores. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, lamentó su salida y lo describió como «un hombre bueno». Díaz instó a la sociedad a movilizarse contra lo que considera una vulneración del principio de separación de poderes por parte de ciertos sectores de la judicatura. Este conflicto pone de manifiesto la polarización política en España y las diferentes interpretaciones sobre el estado del derecho y la justicia en el país.
