La reciente decisión del Gobierno vasco de permitir que Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’, exjefe de ETA, salga de prisión de lunes a viernes para trabajar ha generado un intenso debate en la sociedad española. Esta medida, que se basa en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, ha sido criticada por diversas organizaciones y partidos políticos, quienes la consideran una forma de amnistía encubierta. Desde su detención en 2008, ‘Txeroki’ ha sido condenado a penas que suman más de 400 años, pero su tiempo real en prisión no superará los 19 años, lo que ha suscitado el descontento de las víctimas del terrorismo y sus familias.
La aplicación del artículo 100.2 ha sido un tema recurrente en la política penitenciaria vasca, utilizado para facilitar la reinserción de presos cuya excarcelación se aproxima. Sin embargo, críticos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Covite argumentan que esta normativa se está utilizando para beneficiar a aquellos que no han mostrado arrepentimiento por sus crímenes. La controversia se intensifica en un contexto donde la política de justicia y la memoria histórica siguen siendo temas sensibles en España, especialmente en relación con el legado de ETA y sus víctimas.
