La reciente crítica de la coalición Compromís hacia el vicepresidente segundo, Gan Pampols, ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos. Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha señalado que es inadecuado que un funcionario con un salario de 101.000 euros presente tickets de gastos menores, como los de un café, a las arcas de la Generalitat. Según Baldoví, en los primeros seis meses del año, se han acumulado gastos por un total de 22.000 euros entre varios departamentos, lo que incluye 6.000 euros atribuibles a Pampols. Esta situación ha llevado a cuestionar la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de los altos cargos en el gobierno valenciano.
La Ley de Transparencia y su Cumplimiento
La Ley de Transparencia en España establece la obligación de los funcionarios de rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. Baldoví ha criticado que el Consell no haya cumplido con esta normativa, ya que los detalles de los gastos no se habían hecho públicos hasta ahora. La coalición ha exigido una revisión de las políticas de gastos y una mayor rendición de cuentas por parte de los altos funcionarios, argumentando que la confianza del público en el gobierno depende de la transparencia en la gestión de los fondos públicos. La situación actual ha puesto de relieve la necesidad de un control más riguroso sobre los gastos de los altos cargos en la Generalitat Valenciana.
