La exdirectora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, se encuentra en el centro de una polémica judicial tras ser acusada de irregularidades en la gestión de contratos con ayuntamientos valencianos. Durante su mandato, la empresa Elig Consultoría, vinculada a ella, obtuvo contratos significativos relacionados con la igualdad, lo que ha suscitado críticas y denuncias. García ha defendido su inocencia, argumentando que vendió sus participaciones en las empresas implicadas antes del periodo de investigación y que no existía conflicto de intereses al contratar con la administración pública.
La investigación, que se lleva a cabo en la Instrucción 4 de Mislata, ha sido objeto de controversia. La defensa de García ha calificado las diligencias como un «surrealismo jurídico», argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y se basan en especulaciones. La jueza ha solicitado información a la Oficina de Conflictos de Intereses, pero la falta de respuesta ha retrasado el proceso. La situación se complica aún más con la denuncia de Manos Limpias, que ha mantenido a García bajo la lupa, a pesar de sus intentos de cerrar el caso. La exdirigente del PSPV ha tenido una carrera política notable, pero ahora enfrenta un futuro incierto en medio de estas acusaciones.
