La reciente decisión del exministro José Luis Ábalos de renunciar a su acta de diputado ha generado un intenso debate dentro del PSPV. La alcaldesa de Llaurí, Anna González, quien asumirá el cargo, ha sido condenada por conducir ebria en 2021, lo que ha suscitado críticas sobre su idoneidad para representar a los ciudadanos. La ministra de Ciencia, Diana Morant, expresó su satisfacción por la renuncia de Ábalos, pero evitó profundizar en la controversia que rodea a González. A pesar de su condena, Morant afirmó que la nueva diputada cumple con los requisitos legales para ocupar el escaño.
La reacción interna en el PSPV ha sido variada, con algunos miembros cuestionando la conveniencia de que González se una a la bancada socialista. La preocupación radica en que su comportamiento anterior podría no ser un buen ejemplo para los ciudadanos. Sin embargo, la ley no impide su incorporación, lo que plantea un dilema sobre la ética y la imagen del partido. Este caso pone de relieve las tensiones entre la legalidad y la percepción pública en la política española.
