La Audiencia Nacional ha activado una comisión rogatoria a Venezuela para investigar el paradero y responsabilidad de 14 miembros de ETA refugiados en el país caribeño. Esta medida responde a un cambio político en Caracas tras la salida de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez. El juez Francisco de Jorge considera que el nuevo gobierno podría colaborar judicialmente, algo imposible durante décadas. La acción busca evitar la impunidad y esclarecer vínculos con el aparato exterior de la banda terrorista.
¿Por qué la Audiencia Nacional envió una comisión rogatoria a Venezuela?
El juez de la causa de los ‘refugiados’ considera que el cambio de gobierno en Venezuela abre una ventana de cooperación judicial inédita. Hasta ahora, las autoridades venezolanas negaron sistemáticamente cualquier información sobre los etarras. La resolución del 19 de mayo de 2026 marca un giro estratégico: se asume que el ascenso de Delcy Rodríguez «permite inferir una colaboración» real.
Esta comisión rogatoria no es una mera formalidad. Es un instrumento jurídico vinculante bajo el Convenio de Cooperación Judicial entre España y Venezuela. Su objetivo es obtener datos concretos: residencias, actividades, contactos y vínculos orgánicos con ETA.
El papel del Colectivo de Refugiados
El juez investiga si los 14 huidos integraron el Colectivo de Refugiados, una estructura reconocida por la justicia española como parte funcional del aparato político de ETA. No se trata de exiliados pasivos. Se les atribuye función activa: labores de enlace, difusión ideológica y apoyo logístico. La resolución señala que su grado de responsabilidad podría alcanzar niveles penales directos.
¿Qué dice la ley sobre la extradición y la cooperación judicial?
España carece de tratado de extradición vigente con Venezuela. Sin embargo, la comisión rogatoria sí está amparada por el Convenio Interamericano sobre Cooperación Judicial en Materia Penal (1992), ratificado por ambos países. Este marco permite solicitar pruebas, testimonios y documentos —aunque no la entrega de personas—.
La resolución recuerda que la impunidad no es un derecho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que los Estados deben agotar todas las vías de cooperación para esclarecer crímenes de lesa humanidad. ETA fue declarada organización terrorista por la UE en 2002, lo que refuerza el deber de colaboración internacional.
Marco legal y límites prácticos
La comisión rogatoria no obliga a Venezuela a cumplir. Su respuesta depende de la voluntad política del gobierno de Delcy Rodríguez. Además, la justicia venezolana podría invocar el principio de no retroactividad o la prescripción de delitos si los hechos ocurrieron antes de 2005. Sin embargo, crímenes como asesinato o secuestro no prescriben bajo el derecho internacional.
¿Cuál es el impacto económico y político de esta medida?
La reapertura del caso tiene costes reales. El Ministerio de Justicia ha destinado 280.000 euros en 2026 a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional para gestionar comisiones como esta. Además, el caso afecta las relaciones bilaterales: España ha congelado 12 millones de euros en cooperación no humanitaria con Venezuela desde 2025.
Políticamente, la medida refuerza el compromiso español con las víctimas de terrorismo, especialmente con el colectivo Dignidad y Justicia (DyJ), que impulsó la solicitud. También envía un mensaje a otros países que albergan fugitivos: la justicia española no renuncia a su competencia universal.
Datos Clave
- La comisión rogatoria fue dictada el 19 de mayo de 2026 por el juez Francisco de Jorge.
- Incluye a 14 etarras, entre ellos José Ignacio de Juana Chaos (‘Iñaki’) y Eugenio Barrutiabengoa (‘Arbe’).
- Se basa en el Convenio Interamericano sobre Cooperación Judicial en Materia Penal.
- Venezuela no tiene tratado de extradición vigente con España.
- El caso involucra crímenes de lesa humanidad, que no prescriben bajo derecho internacional.
¿Qué sigue después de la comisión rogatoria?
La respuesta venezolana debe llegar en un plazo máximo de 90 días. Si Caracas entrega información útil, la Audiencia Nacional podría ampliar la investigación a otros países: Cuba, Nicaragua y Argentina también albergaron miembros de ETA. Si la respuesta es negativa o evasiva, España podría recurrir a la Corte Penal Internacional o activar mecanismos de la OEA.
El caso también reabre el debate sobre la competencia universal en delitos de terrorismo. La Fiscalía General del Estado ya prepara un informe para proponer reformas legales que fortalezcan los instrumentos de persecución transnacional.
Contexto actual y relevancia internacional
Este movimiento ocurre en un momento de reconfiguración geopolítica en América Latina. La salida de Maduro y la llegada de un gobierno más abierto a la cooperación judicial marca un punto de inflexión. Para la Unión Europea, es una prueba de fuego de su política exterior ante regímenes autoritarios. Para las víctimas, es una oportunidad histórica de justicia.
