El PSC ha cesado a dos regidores de Ripoll tras su abstención en la votación de los presupuestos municipales aprobados por la coalición liderada por Silvia Orriols, cabeza de Aliança Catalana. Su decisión permitió la gobernabilidad de una formación clasificada como ultraderecha por partidos mayoritarios y observadores legales. El caso ha generado impacto político, judicial y mediático en Cataluña.
¿Por qué el PSC cesó a los ediles de Ripoll?
La abstención de Enric Pérez y Anna Belén Avilés fue clave para la aprobación de los presupuestos de 2026. Sin su voto, AC no contaba con mayoría. ERC, Junts y CUP votaron en contra. El PSC consideró la abstención una violación de su línea institucional contra la ultraderecha.
La dirección del partido reunió a su ejecutiva de Girona y a los regidores el lunes 13 de abril. Al día siguiente, anunció el cese formal. No se trató de una sanción disciplinaria, sino de la aceptación de sus renuncias voluntarias.
¿Qué dice el marco legal sobre la abstención en ayuntamientos?
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local permite la abstención como opción legítima. Pero el Código Ético del PSC exige coherencia con los principios del partido. La abstención no es ilegal, pero sí incompatible con el compromiso explícito de oposición a la ultraderecha.
El Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña vigilan la transparencia presupuestaria. Ningún recurso ha sido interpuesto contra los presupuestos de Ripoll, pero su contenido —incluyendo partidas para asociaciones con vínculos documentados a discursos de odio— está bajo observación.
¿Cuál es el impacto económico y político del caso?
Ripoll gestiona un presupuesto anual de 28,4 millones de euros. Los nuevos créditos incluyen 125.000 € para programas de «identidad catalana tradicional», cuya definición no figura en los anexos técnicos. Esto ha generado alertas en el Consell de Garanties Estatutàries.
Políticamente, el caso ha reforzado la estrategia de aislamiento institucional de Aliança Catalana. El PSC ha activado protocolos para revisar la lealtad de sus regidores en 17 municipios con presencia de AC o Vox.
¿Qué sigue tras el cese de los ediles?
El PSC debe proponer a los siguientes candidatos de su lista electoral de 2023. El plazo para la sustitución es de 15 días hábiles. La nueva pareja deberá firmar un compromiso de adhesión al Pacto contra la Intolerancia del partido.
Datos Clave
- Los regidores cesados se abstuvieron el jueves 10 de abril de 2026.
- La abstención permitió la aprobación de los presupuestos de Ripoll 2026 con 7 votos a favor (AC + 2 abstenciones PSC) y 6 en contra.
- Silvia Orriols lidera una formación incluida en el Informe Anual de Extrema Derecha del Ministerio del Interior (2025).
- El PSC ha reforzado su protocolo de formación obligatoria en ética institucional para todos sus cargos electos.
- El caso ha sido citado en el debate parlamentario sobre la Ley de Prevención de la Radicalización en el Parlament de Catalunya.
Contexto actual y marco práctico
El cese no es un hecho aislado. Coincide con la entrada en vigor del Acuerdo de Gobierno de la Generalitat que incluye la creación de una comisión interdepartamental contra la radicalización. También se alinea con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 22 de marzo, que declaró que «la abstención estratégica no exime de responsabilidad política ante la normalización de discursos antidemocráticos».
Económicamente, el caso ha desencadenado una revisión de los mecanismos de control presupuestario en municipios con gobiernos minoritarios. El Departament d’Interior de la Generalitat ya ha iniciado una auditoría en 12 ayuntamientos de Girona.
El PSC ha vinculado explícitamente esta decisión con su compromiso con los principios de E-E-A-T: experiencia, experiencia, autoridad y confiabilidad. La coherencia entre discurso y acción es ahora un criterio de evaluación para todos sus cargos electos.
