A partir de abril de 2026, los progenitores divorciados ya no deben entregar sentencias íntegras ni convenios reguladores en colegios, centros sanitarios o entidades educativas. El Consejo General del Poder Judicial impulsa una medida de protección real para menores, alineada con el Reglamento General de Protección de Datos. La norma elimina la exposición innecesaria de datos sensibles y refuerza la privacidad familiar sin afectar la seguridad jurídica de las decisiones sobre menores.
¿Qué regulan las Directrices 1/2026 del CGPJ?
Las Directrices 1/2026, aprobadas el 14 de abril de 2026, establecen un nuevo marco para la emisión de certificados judiciales simplificados. Su objetivo es cumplir con el principio de minimización de datos, exigido por el artículo 5.1.c del RGPD. Estos documentos no contienen información irrelevante para la gestión escolar o sanitaria.
¿Qué información sí aparece en los nuevos certificados?
- Titularidad de la patria potestad y la guarda y custodia.
- Identidad de la persona autorizada para recoger al menor en el centro.
- Responsable de los gastos escolares y de actividades extraescolares.
- Facultad para autorizar publicaciones de imágenes en redes sociales del colegio.
- Existencia de órdenes de alejamiento o medidas de protección.
¿Por qué se eliminó la entrega de sentencias completas?
Hasta ahora, los centros exigían copias íntegras de sentencias o convenios. Estos documentos incluían datos altamente sensibles: pensiones alimenticias, situación patrimonial, antecedentes judiciales, uso de la vivienda conyugal, y descripciones detalladas de conflictos familiares. Tal práctica vulneraba el derecho a la intimidad del menor y aumentaba su exposición a riesgos psicosociales.
El impacto económico y administrativo
La nueva norma reduce la carga burocrática para familias y centros. No obstante, exige una gestión descentralizada: cada certificado debe solicitarse por centro destinatario, lo que implica múltiples trámites ante juzgados. Esto genera costos indirectos en tiempo y recursos legales, especialmente para familias con escasos recursos. El CGPJ ha previsto formularios digitales gratuitos, pero su adopción efectiva depende de la capacitación de los juzgados y la sensibilización de los centros.
¿Cómo se solicitan los nuevos certificados judiciales?
Los interesados acceden a los formularios oficiales en la web del Consejo General del Poder Judicial. La solicitud se presenta ante el juzgado que dictó la resolución original. El certificado se emite en un plazo máximo de 10 días hábiles. No tiene coste, pero su validez es limitada en el tiempo y en el ámbito funcional: solo sirve para el centro indicado y caduca si cambia la resolución judicial.
Marco legal y supervisión
La medida fue desarrollada en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos. Su fundamento jurídico se apoya en el artículo 6.1.f del RGPD, que permite el tratamiento de datos personales cuando es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. Además, se articula con la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que prioriza el interés superior del niño.
Datos Clave
- Los certificados sustituyen a sentencias íntegras en colegios, hospitales y clubes.
- Solo incluyen datos estrictamente necesarios para la gestión del menor.
- Se emiten por juzgado, uno por cada centro destinatario, sin coste.
- Su validez es limitada y no sustituye la sentencia judicial en procesos legales.
- La norma aplica desde el 14 de abril de 2026, con efecto inmediato.
El cambio refleja una evolución en la interpretación del interés superior del menor, integrando protección de datos como eje central de la política judicial familiar. Su éxito dependerá de la coordinación entre administraciones, la formación de personal educativo y la accesibilidad real de los formularios digitales.
