La tragedia que ocurrió el 4 de enero de 2022 en Mislata, donde una niña de 4 años, Vera, perdió la vida tras un accidente en un castillo hinchable, ha dejado una profunda huella en la comunidad y ha desencadenado una lucha incansable por parte de sus padres. Junto a ellos, la familia de otra niña, Cayetana, también fallecida en el mismo incidente, ha estado buscando justicia y responsabilizando al Ayuntamiento de Mislata por lo que consideran una grave omisión en sus deberes de supervisión y seguridad.
Desde el día del accidente, los padres de Vera han trabajado con su abogado, Jorge Carbó, para presentar una acusación particular que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia. En su opinión, el Ayuntamiento es culpable por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores que asistieron a la Feria de Navidad, donde se produjo el accidente. La acusación sostiene que la falta de acción del consistorio, que incluye no verificar la correcta instalación del castillo hinchable y no exigir las licencias pertinentes, constituye un ilícito penal.
La situación se ha complicado debido a la lentitud del proceso judicial. Los padres han denunciado la «pasividad» del Juzgado de Instrucción 4 de Mislata, que ha demorado en responder a las solicitudes de diligencias y ha tardado meses en tramitar peticiones cruciales para la investigación. Por ejemplo, la solicitud para que el entonces concejal de Industria declarara como investigado fue presentada el 5 de julio de 2024, pero la respuesta del juzgado no llegó hasta diez meses después, el 3 de mayo de 2025, cuando se denegaron ambas peticiones.
Esta dilación ha llevado a los padres a expresar su frustración y a solicitar a la Audiencia Provincial que intervenga. En su recurso, argumentan que la falta de acción del juzgado ha impedido una investigación exhaustiva que podría haber esclarecido las responsabilidades en el caso. La familia ha señalado que, de haber actuado con la diligencia debida, el accidente podría haberse evitado, ya que se habrían detectado las irregularidades en la instalación del castillo hinchable.
### La responsabilidad del Ayuntamiento y la normativa de seguridad
Uno de los puntos clave en este caso es la responsabilidad del Ayuntamiento de Mislata en la supervisión de las ferias y atracciones que se instalan en su territorio. Según los padres de Vera, el consistorio no cumplió con su deber de verificar que las atracciones cumplieran con la normativa de seguridad vigente. Esto incluye la obligación de exigir una certificación de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA), que garantice que las instalaciones son seguras y están correctamente montadas.
El abogado de la familia ha argumentado que la inacción del Ayuntamiento, al no comprobar la instalación y funcionamiento de las atracciones, constituye una omisión que debería ser considerada un delito. La falta de una resolución expresa que autorizara la feria y la ausencia de una licencia de actividad adecuada son aspectos que, según la acusación, son fundamentales para determinar la responsabilidad del consistorio.
Además, el perito judicial que ha analizado el caso ha detectado numerosas anomalías en la instalación del castillo hinchable, lo que refuerza la idea de que el accidente podría haberse evitado si se hubieran seguido los procedimientos adecuados. La familia de Vera sostiene que, de haberse realizado las verificaciones pertinentes, las muertes de las niñas no habrían ocurrido.
La situación ha generado un debate en la comunidad sobre la seguridad en eventos públicos y la responsabilidad de las autoridades locales. Muchos ciudadanos se han mostrado solidarios con los padres de Vera y han exigido que se tomen medidas para garantizar que tragedias como esta no se repitan en el futuro. La presión social ha llevado a que se realicen manifestaciones y se inicien campañas para exigir mayor responsabilidad y supervisión en la organización de ferias y eventos que involucren a menores.
### La búsqueda de justicia y el futuro del caso
A medida que el caso avanza, los padres de Vera continúan luchando por obtener respuestas y justicia. La Audiencia Provincial de València ahora tiene la responsabilidad de revisar el recurso presentado por la familia y decidir si se reabren las diligencias que el juzgado de Mislata ha denegado. La incertidumbre sobre el futuro del caso ha mantenido a la familia en un estado de angustia, ya que cada día que pasa sin respuestas es un recordatorio del dolor que han sufrido.
La lucha de los padres de Vera no solo se centra en buscar justicia para su hija, sino también en crear conciencia sobre la importancia de la seguridad en eventos públicos. Quieren asegurarse de que ninguna otra familia tenga que pasar por el mismo sufrimiento que ellos han experimentado. A medida que el caso se desarrolla, la comunidad sigue atenta a las decisiones que se tomen y espera que se haga justicia por Vera y Cayetana, así como por todos los niños que merecen disfrutar de su infancia en un entorno seguro.
