Los parques inundables en la Comunitat Valenciana generan fuerte rechazo entre los agricultores. AVA-Asaja denuncia que el Consell diseñó la medida sin consultar a los propietarios de tierras afectadas. Estas zonas, destinadas a absorber caudales extremos, podrían inundar cientos de explotaciones agrarias. La falta de participación agraria en la toma de decisiones agrava riesgos económicos y legales. La medida se enmarca en la estrategia post-dana, pero ignora el principio de consulta previa exigido por la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua.
¿Por qué los agricultores rechazan los parques inundables?
Los agricultores consideran que los parques inundables no son una solución técnica, sino una externalización de riesgos. En lugar de invertir en infraestructuras hidráulicas efectivas —como canales de desagüe, embalses de retención o mejora de cauces—, la Generalitat prioriza una medida que traslada el coste a los propietarios rurales.
La asociación AVA-Asaja subraya que los campos de l’Horta Sud no están diseñados para soportar inundaciones prolongadas. El agua estancada daña suelos, cultivos y sistemas de riego. Además, la pérdida de producción se suma a la depreciación del valor de las fincas.
Falta de transparencia en la planificación
El foro técnico coorganizado por el Comisionado para la Recuperación excluyó deliberadamente a los agricultores. Ni siquiera se les invitó a la jornada ‘Parques metropolitanos: regeneración territorial, paisaje y mitigación de riadas’. Esta omisión viola el estándar de participación ciudadana exigido por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
Impacto económico directo
Cada hectárea inundada implica una pérdida media de 8.500 € anuales en ingresos agrícolas, según estimaciones de la Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunitat. En l’Horta Sud, más de 12.000 hectáreas podrían verse afectadas. El sector agrario representa el 4,2 % del PIB regional y emplea a más de 95.000 personas.
¿Qué dice el marco legal sobre la consulta previa?
La Ley 10/2001 de Aguas de la Comunitat Valenciana exige la consulta a los usuarios del agua antes de adoptar medidas que alteren su uso. Los parques inundables modifican el régimen de ocupación del suelo y afectan derechos de aprovechamiento agrícola. Su implementación sin informe previo del Consejo Regional de Aguas es, por tanto, cuestionable desde el punto de vista administrativo.
Obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua
La Directiva 2000/60/CE obliga a integrar a los usuarios del agua en los planes hidrológicos. La ausencia de los agricultores en la elaboración del Plan Especial de Protección contra Inundaciones (PEPI) vulnera este mandato comunitario. Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat ya ha anulado medidas similares por falta de motivación técnica y participación.
¿Existen alternativas técnicas viables?
Sí. Ingenieros agrónomos y técnicos del sector proponen soluciones basadas en la gestión integrada de cuencas. Estas incluyen: refuerzo de diques en el río Júcar, restauración de humedales naturales, y sistemas de riego por excedentes controlados. Estas alternativas reducen el riesgo sin sacrificar tierras productivas.
Inversión pública vs. externalización de costes
El presupuesto asignado a los primeros parques inundables asciende a 142 millones de euros. Solo el 7 % se destina a compensaciones directas a agricultores. El resto financia infraestructura urbana y paisajística. Esto contrasta con el 32 % que el Ministerio de Agricultura destina a ayudas por daños por inundación en zonas agrícolas —fondos que no cubren pérdidas estructurales ni de suelo.
Datos Clave
- Los parques inundables afectarían hasta 12.000 hectáreas agrícolas en l’Horta Sud.
- AVA-Asaja no fue invitada a la jornada técnica del Comisionado para la Recuperación.
- La Ley 10/2001 de Aguas exige consulta previa a los usuarios del agua.
- Cada hectárea inundada supone una pérdida media de 8.500 €/año en ingresos agrícolas.
- El 93 % del presupuesto de los parques no se destina a compensaciones directas a agricultores.
- La Directiva Marco del Agua obliga a integrar a los usuarios en los planes hidrológicos.
El diseño de los parques inundables no puede ignorar la experiencia técnica y el derecho de los agricultores a ser escuchados. La prevención de riadas exige soluciones que no transfieran el riesgo a quienes ya soportan sus consecuencias. La sostenibilidad territorial depende de equilibrar seguridad hidráulica con justicia agraria.
