La fusión por absorción entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha tomado un giro inesperado, complicando una operación que ya enfrentaba desafíos significativos. La situación se ha enrarecido en los últimos días, especialmente tras las dudas expresadas por el Gobierno español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este cambio de postura es notable, dado que desde finales de 2024, el Gobierno había mostrado un interés favorable hacia la absorción de EM&E por parte de Indra.
El presidente de Indra, Ángel Escribano, se reunió recientemente con Manuel de la Rocha, director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno. Este encuentro, que se ha vuelto recurrente, ha alimentado especulaciones sobre la estabilidad de Escribano en su puesto. Sin embargo, tanto él como la SEPI han negado que se haya discutido su dimisión, a pesar de que la incertidumbre ha impactado negativamente en el valor de las acciones de Indra, que han caído un 18% en las últimas tres sesiones.
A pesar de esta caída, es importante destacar que las acciones de Indra han experimentado un aumento del 185% en el último año, lo que refleja un interés sostenido en la compañía. José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha declarado que si Escribano no fuera el presidente, la fusión con EM&E ya estaría concretada. Esta afirmación subraya la complejidad de la situación, donde los intereses personales y empresariales se entrelazan.
La SEPI, que posee el 28% de las acciones de Indra, ha manifestado que cualquier decisión sobre la fusión se tomará en los órganos de gobierno de la compañía. Esto implica que el futuro de la operación dependerá de la evaluación de las distintas alternativas disponibles. Entre ellas, se contempla la posibilidad de que la SEPI participe en una ampliación de capital de Indra junto a EM&E, lo que podría llevar a los hermanos Escribano a controlar cerca del 25% de la empresa.
La valoración de EM&E, que podría alcanzar los 2.000 millones de euros, se presenta como un punto de fricción entre los accionistas. La alta valoración de la compañía de los Escribano ha generado tensiones, especialmente entre los accionistas actuales de Indra, quienes podrían ver diluida su participación si la fusión se lleva a cabo mediante un canje de acciones. SAPA, otro de los principales accionistas, ha expresado sus dudas sobre la operación y el conflicto de intereses que podría surgir.
La situación se complica aún más por el contexto geopolítico y la creciente inversión en defensa en Europa. Indra se posiciona como un actor clave en este sector, y su relación con el Gobierno es fundamental para su futuro. Sin embargo, la salida de Carmen Pérez, exdirectora de comunicación de Indra, ha sido interpretada como un indicativo de que las relaciones entre la empresa y el Gobierno no son las mejores en este momento.
El entorno de EM&E ha manifestado que Ángel Escribano desea continuar al frente de la compañía, lo que sugiere que la fusión podría ser vista como una oportunidad para consolidar su poder en el sector. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión de la fusión, dado el conflicto de intereses inherente a la situación.
La incertidumbre sobre el futuro de Indra y su fusión con EM&E se ve reflejada en el mercado, donde los inversores están atentos a cualquier señal que pueda indicar un cambio en la dirección de la compañía. La presión sobre Escribano y su equipo es palpable, y la necesidad de encontrar una solución que satisfaga a todos los accionistas es más urgente que nunca.
En este contexto, la SEPI ha dejado claro que no se contempla un cambio en la presidencia de Indra en este momento, lo que podría dar un respiro a Escribano. Sin embargo, la situación sigue siendo volátil, y cualquier decisión que se tome en los próximos días podría tener un impacto significativo en la dirección futura de la empresa. La fusión entre Indra y EM&E no solo es un asunto empresarial, sino que también refleja las dinámicas de poder en el sector de defensa y la influencia del Gobierno en las decisiones estratégicas de las empresas clave en este ámbito.
