La reciente encuesta realizada por Lápiz Estratégico Consulting ha puesto de manifiesto la percepción de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana sobre la gestión de las consecuencias de la dana que azotó la región el 29 de octubre de 2024. A medida que se cumplen siete meses desde esa fecha fatídica, los resultados revelan un descontento generalizado entre la población respecto a las acciones emprendidas para mitigar los efectos de esta catástrofe natural.
La encuesta, que abarcó a 750 entrevistados mayores de 18 años, muestra que un abrumador 89,5% de los valencianos considera que no se está haciendo lo suficiente para abordar los problemas generados por la dana. Este dato es alarmante, ya que indica que casi nueve de cada diez ciudadanos sienten que las medidas adoptadas son insuficientes. Solo un 7,9% de los encuestados se siente satisfecho con las acciones implementadas, lo que pone de relieve una clara disconformidad con la gestión actual.
### Críticas a la Gestión de la Emergencia
La insatisfacción no parece variar significativamente entre diferentes grupos demográficos. Tanto hombres como mujeres comparten una opinión similar, con un 88,8% y un 90,1% respectivamente, que consideran que las acciones son insuficientes. Sin embargo, la crítica es más pronunciada entre las personas de entre 46 y 65 años, donde un 93,2% opina que aún hay margen para mejorar. En términos geográficos, los residentes de Alicante son los más críticos, con un 94,3% que exige más acción, seguidos por un 87,5% de los valencianos y un 85,6% de los castellonenses.
Las cifras sobre los daños causados por la dana son escalofriantes: se estima que los daños ascienden a 17.800 millones de euros, afectando a 306.000 personas y resultando en 228 muertes. Esta devastación ha dejado una huella profunda en la comunidad, lo que explica la urgencia de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades.
A la hora de señalar responsables, la encuesta revela que más de la mitad de los valencianos (54,3%) apunta al president de la Generalitat, Carlos Mazón, como el principal responsable de la gestión de la crisis. En contraste, solo un 15,3% considera que la culpa recae en el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Un 1,1% de los encuestados cree que ambos comparten la responsabilidad, mientras que un 4,1% señala a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Un 10,1% de los participantes opta por no identificar a un responsable específico, afirmando que «todos» tienen parte de la culpa.
### Confianza en el Proceso Judicial
En medio de este clima de descontento, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja está llevando a cabo una investigación sobre la gestión de la dana y las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos. A pesar de la desconfianza generalizada hacia las instituciones, casi la mitad de los encuestados (47,4%) confía en que el proceso judicial será efectivo. Sin embargo, un 25,1% considera que el espectro de responsables debería ampliarse, lo que sugiere que muchos ciudadanos sienten que no se están abordando todas las dimensiones del problema.
Por otro lado, un 29,6% de los encuestados expresa desconfianza en el proceso judicial, y un 9,2% tiene dudas sobre la capacidad de la jueza encargada, Nuria Ruiz Tobarra, aunque reconoce que está realizando una buena instrucción. Un 23% de los participantes opta por no pronunciarse sobre este tema, lo que refleja una falta de claridad y confianza en el sistema judicial.
La encuesta, que se llevó a cabo entre el 14 y el 21 de mayo de 2025, ofrece una visión clara de la percepción de los ciudadanos sobre la gestión de la crisis provocada por la dana. Con un margen de error del +/- 3,65% para el total de la muestra, y variaciones por provincias, los resultados son un llamado de atención para las autoridades sobre la necesidad de mejorar la comunicación y la efectividad de las acciones emprendidas para ayudar a los afectados.
La situación actual en la Comunitat Valenciana es un reflejo de la importancia de una gestión de crisis efectiva y la necesidad de que los ciudadanos sientan que sus voces son escuchadas. La presión sobre los líderes políticos para que actúen de manera más decisiva y responsable es palpable, y el tiempo corre para que se tomen medidas que realmente marquen la diferencia en la vida de aquellos que han sufrido las consecuencias de la dana.