La reciente evaluación interna de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto la necesidad de reconsiderar la externalización de resonancias magnéticas a centros privados. Este informe, que ha sido objeto de discusión pública, sugiere que es «conveniente reducir» el envío de hasta 18.893 resonancias magnéticas a la sanidad privada, una medida que busca mantener la calidad y mejorar la accesibilidad de los servicios de salud para los pacientes de los hospitales Clínico y La Fe de Valencia.
La externalización de servicios de salud ha sido un tema controvertido en la política sanitaria de la región. Según el informe, la derivación de pruebas diagnósticas al sector privado se considera «excesiva», especialmente en el contexto de las mamografías con resultados sospechosos y otras patologías relacionadas con el cáncer. Este análisis ha llevado a la formación política Compromís a solicitar la creación de una comisión de investigación en el parlamento para esclarecer la situación del Programa de Prevención de Cáncer de Mama y las derivaciones a centros privados.
### La Llamada a la Transparencia en el Sistema Sanitario
Los representantes de Compromís, Joan Baldoví y Carles Esteve, han expresado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la sanidad pública. En su comparecencia, Baldoví subrayó la importancia de conocer las cifras reales del programa de prevención del cáncer de mama, así como el costo de las pruebas derivadas a la sanidad privada. La creación de esta comisión de investigación tiene como objetivo abordar tres cuestiones fundamentales: la cantidad de pruebas realizadas, el costo asociado a estas derivaciones y la calidad de los servicios de radiología y radiodiagnóstico externalizados.
El informe de la Conselleria de Sanidad, solicitado por la Generalitat, se ha elaborado como parte de una auditoría para identificar áreas de mejora en la gestión de la sanidad pública. Aunque el departamento de Marciano Gómez, actual conseller, ha indicado que se han triplicado los fondos destinados al Plan de Choque durante la legislatura anterior, no ha aclarado si la externalización de servicios ha aumentado bajo su gestión. Esto ha generado críticas por parte de los diputados de Compromís, quienes demandan datos claros y precisos sobre el número de mujeres llamadas para mamografías y el estado de las pruebas realizadas.
### La Tecnología y los Recursos de la Sanidad Pública
El informe también destaca que el 80% de la tecnología de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama fue renovada en 2023, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad de enviar pruebas a clínicas privadas en el extranjero. Esteve ha denunciado que, a pesar de contar con los recursos y el personal necesario, muchas pruebas se están derivando a «granjas de lectura» en otros países, lo que pone en duda la trazabilidad y la calidad de los servicios prestados. Esta situación ha llevado a cuestionar la lógica detrás de la externalización, especialmente cuando hay capacidad suficiente en el sistema público para realizar estas pruebas.
La situación en la Comunidad Valenciana no es un caso aislado, ya que el debate sobre la externalización de servicios de salud se ha intensificado en otras comunidades autónomas, como Andalucía. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado datos sobre los programas de cribado a las comunidades, pero muchas de ellas, incluida la valenciana, se han negado a proporcionar esta información. Este conflicto ha culminado en la reciente reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde los consejeros del Partido Popular abandonaron la sesión en protesta por lo que consideran una solicitud «partidista y sectaria».
El panorama actual de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana refleja una tensión entre la necesidad de garantizar servicios de calidad y la presión por reducir la dependencia del sector privado. La auditoría en curso y la posible creación de una comisión de investigación son pasos importantes hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de la sanidad pública. Sin embargo, el resultado de estas iniciativas dependerá de la voluntad política de los diferentes actores involucrados y de la capacidad de la administración para abordar las preocupaciones planteadas por los ciudadanos y sus representantes.
En este contexto, es crucial que se mantenga un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades sanitarias, los profesionales de la salud y la ciudadanía para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que se garantice el acceso a una atención médica de calidad para todos los ciudadanos.
