La desaparición de Irene Rodríguez, una niña que se esfumó junto a su madre en mayo de 2023, ha puesto en el centro de la atención pública un fenómeno inquietante: la existencia de una red conocida como «Madres Protectoras». Este grupo, según un informe de la Policía Nacional, se dedica a ayudar a mujeres a eludir la justicia española tras haber perdido la custodia de sus hijos. La situación ha generado un debate sobre la protección infantil, la violencia de género y la responsabilidad de las autoridades en la prevención de estos casos.
La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) ha documentado similitudes en el modus operandi de varias madres que han sido acusadas de sustracción de menores. En el caso de Irene, su madre, María López, desapareció con ella solo nueve días después de que un juez otorgara la custodia al padre. Este patrón se repite en otros casos, donde las madres han sido despojadas de la custodia por decisiones judiciales, lo que las lleva a tomar medidas drásticas para evitar que sus hijos sean entregados a sus padres.
### La Salud y Educación de los Niños en Riesgo
El informe policial destaca que estas madres, a menudo, descuidan la salud y educación de sus hijos. Se ha observado que son contrarias a las vacunas homologadas y optan por dietas veganas que no siempre cumplen con los requerimientos nutricionales básicos. Además, muchas de ellas consideran que la escolarización es prescindible, lo que pone en riesgo el desarrollo integral de los menores. La Policía ha señalado que estas decisiones se justifican bajo la premisa de que los alimentos convencionales son perjudiciales para la salud de los niños.
Otro aspecto alarmante es que muchas de estas mujeres han presentado denuncias por violencia de género contra los padres de sus hijos. Sin embargo, las valoraciones de riesgo realizadas por expertos han sido consideradas de «nivel no apreciado o bajo», lo que ha impedido que se tomen medidas cautelares que protejan a los menores de un posible contacto con sus padres. Esto ha llevado a una situación en la que los niños son llevados a entornos donde su bienestar físico y emocional puede estar comprometido.
### Estrategias de Evasión y Ocultamiento
Las madres involucradas en esta red han desarrollado tácticas sofisticadas para evadir a las autoridades. Según el informe, se deshacen de sus teléfonos y cuentas bancarias, adquiriendo nuevos dispositivos y utilizando VPNs para ocultar su ubicación. Además, evitan empadronarse en los lugares donde se esconden, lo que dificulta aún más su localización.
Un caso notable es el de Verónica Saldaña, quien abandonó España con sus dos hijos en 2021. A pesar de que su exmarido intentó recuperar a los niños por la fuerza, la justicia suiza le otorgó el derecho a quedarse con ellos. Saldaña, según el informe, ha estado proporcionando apoyo económico y asistencia legal a otras mujeres que buscan eludir a las autoridades españolas. Este tipo de apoyo ha contribuido a la expansión de la red de Madres Protectoras, que se ha vuelto cada vez más difícil de rastrear.
La Policía ha indicado que muchas de estas madres se trasladan a países donde la restitución de menores es complicada, como Suiza. Este país, conocido por sus estrictas leyes de privacidad y protección infantil, se ha convertido en un refugio para aquellas que buscan escapar de la justicia española. Las autoridades han comenzado a colaborar con la Consejería de España en Suiza y otros organismos internacionales para abordar esta problemática, pero la situación sigue siendo crítica.
La existencia de la red de Madres Protectoras plantea preguntas difíciles sobre el sistema judicial y la protección de los derechos de los menores. Mientras que la protección de las mujeres en situaciones de violencia de género es fundamental, también es crucial garantizar que los derechos de los niños no sean vulnerados en el proceso. La falta de medidas efectivas para proteger a los menores de la sustracción y el descuido por parte de sus progenitores ha llevado a un aumento en los casos de desapariciones infantiles, lo que exige una respuesta más contundente por parte de las autoridades.
La situación de Irene Rodríguez y otros niños en circunstancias similares es un recordatorio de la complejidad de los casos de custodia y la necesidad de un enfoque equilibrado que priorice el bienestar de los menores. La sociedad debe estar alerta y exigir que se implementen políticas que protejan a los niños y que se investiguen a fondo los casos de sustracción, garantizando así que no se repitan tragedias en el futuro.
