La investigación judicial sobre la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024 ha tomado un giro significativo. La jueza encargada del caso ha emitido un auto en el que critica abiertamente el informe presentado por la Guardia Civil, que señalaba una «lenta reacción» de las administraciones implicadas, incluyendo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este informe, que fue solicitado por la propia magistrada, ha sido calificado como «erróneo» en sus apreciaciones sobre las actuaciones de los organismos durante la tragedia.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha argumentado que el informe de la Guardia Civil, aunque extenso y detallado, no cumple con el objetivo que se le había encomendado: elaborar una cronología de los desbordamientos y su relación con los fallecimientos. En su auto, la magistrada señala que el documento se ha desviado hacia una teoría del «apagón informativo», que ya había sido descartada judicialmente. Esta teoría sugiere que la falta de avisos por parte de la CHJ y Aemet contribuyó a la falta de acción del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi).
La jueza ha rechazado esta narrativa, afirmando que el informe no toma en cuenta las declaraciones de testigos, técnicos y familiares de las víctimas, quienes ofrecen perspectivas diferentes sobre los eventos del 29 de octubre. Además, ha destacado que la información meteorológica había sido ampliamente difundida por los medios de comunicación días antes de la tormenta, lo que contradice la idea de que hubo un apagón informativo. Ruiz Tobarra ha enfatizado que los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la alerta sobre la situación de riesgo, lo que debería haber sido considerado en el análisis del informe.
### La Reacción de las Autoridades y el Papel de los Medios
La crítica de la jueza al informe de la Guardia Civil ha generado un impacto significativo en la estrategia del Consell, que había encontrado en dicho informe un argumento para defender su gestión durante la crisis. La magistrada ha señalado que el informe no aborda adecuadamente la información que se había proporcionado a través de los medios de comunicación, que habían estado transmitiendo en vivo la evolución de la situación. Esto incluye imágenes del desbordamiento del barranco del Poyo, que fueron emitidas en directo por varias cadenas de televisión, incluyendo À Punt.
La jueza también ha mencionado que el informe no considera el papel de los bomberos forestales, quienes fueron enviados a vigilar el barranco del Poyo y posteriormente retirados. Este hecho, según la magistrada, no puede ser atribuido a la CHJ ni a su presidente, Miguel Polo, y debe ser analizado en el contexto de la gestión de la emergencia. La falta de control y coordinación en la vigilancia de los barrancos ha sido un punto crítico en la evaluación de las responsabilidades.
El auto de la jueza ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación ante emergencias, así como de la coordinación entre las distintas administraciones. La magistrada ha subrayado que la responsabilidad de la vigilancia de los barrancos recae en la Generalitat, quien debe asegurarse de que se implementen las medidas adecuadas para prevenir desbordamientos en situaciones de riesgo.
### Implicaciones para el Futuro de la Gestión de Emergencias
La crítica al informe de la Guardia Civil y la defensa de la jueza de la actuación de Aemet y otros organismos implicados en la gestión de la crisis tienen implicaciones significativas para el futuro de la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana. La necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas administraciones y la importancia de la comunicación clara y precisa durante situaciones de crisis son aspectos que deben ser priorizados para evitar tragedias similares en el futuro.
El caso de la DANA del 29 de octubre ha puesto de relieve las debilidades en el sistema de gestión de emergencias y la importancia de aprender de los errores cometidos. La jueza ha dejado claro que es fundamental que se tomen en cuenta todas las evidencias y testimonios disponibles para garantizar que se haga justicia y que se implementen las reformas necesarias en la gestión de emergencias. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su seguridad.
A medida que avanza la investigación, la atención se centrará en cómo se abordarán las recomendaciones de la jueza y qué medidas se implementarán para mejorar la respuesta ante emergencias en la Comunidad Valenciana. La gestión de crisis es un tema de vital importancia, y la experiencia de la DANA del 29 de octubre debe servir como un llamado a la acción para todos los actores involucrados en la protección de la ciudadanía.
