La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos en España, específicamente vinculadas a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción SL. Esta compañía, con sede en Alberic y en la Plaza del Patriarca de València, ha sido objeto de un exhaustivo análisis debido a su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García. Según el informe de la UCO, Levantina logró contratos que suman un total de 94 millones de euros, la mayoría de ellos en colaboración con otras grandes constructoras a través de uniones temporales de empresas (UTE).
La investigación se centra en la forma en que se han gestionado estos contratos, sugiriendo que la empresa se ha convertido en un nexo entre varios de los principales investigados en el caso. La UCO ha señalado que tanto Ábalos como García han mantenido reuniones con el empresario valenciano Víctor de Aldama, quien también está bajo la lupa de las autoridades. Este entramado ha llevado a los investigadores a considerar que se han utilizado métodos poco ortodoxos para ocultar la naturaleza de sus comunicaciones, incluyendo el uso de líneas telefónicas desechables y nombres en clave para referirse a personas y lugares.
### La Relación entre Koldo García y José Ruz
La conexión entre Koldo García y el empresario José Ruz se remonta a un correo electrónico enviado en marzo de 2019, donde Ruz expresaba su interés en reunirse con García. Este encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Fomento, lo que sugiere un nivel de acceso y privilegio que podría haber influido en la obtención de contratos. La relación entre ambos se ha descrito como cercana y mutuamente beneficiosa, con Ruz mostrando una disposición constante para ayudar a García en cualquier necesidad que pudiera surgir.
A medida que avanzaba la investigación, se reveló que García y Ruz comenzaron a utilizar líneas telefónicas desechables para comunicarse, lo que indica un intento deliberado de evitar la detección de sus actividades. En sus mensajes, utilizaban términos como «café» para referirse a sus conversaciones, lo que complicaba aún más la identificación de sus interacciones. Esta estrategia de ocultamiento se intensificó a partir de 2021, cuando ambos comenzaron a utilizar estos métodos para mantener sus comunicaciones en secreto.
La UCO ha documentado que García recibió una «pensión» mensual de 2.600 euros de Ruz entre enero y junio de 2023, a través de una empresa interpuesta, a pesar de que tanto él como Ábalos habían dejado sus cargos en el Ministerio de Transportes en julio de 2021. Este flujo de dinero plantea serias preguntas sobre la naturaleza de su relación y si existieron favores a cambio de estos pagos.
### Contratos y Proyectos en el Punto de Mira
Entre los contratos que Levantina Ingeniería y Construcción ha conseguido, se encuentran proyectos significativos como la duplicación de una carretera entre Dos Hermanas y Los Palacios, la construcción de la estación del AVE en Elx y una obra de 72 millones de euros en la autovía A-12 del Camino de Santiago. Estos contratos fueron adjudicados en su mayoría en colaboración con otras grandes constructoras, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia y la legalidad de los procesos de adjudicación.
La UCO ha señalado que la empresa ha estado involucrada en la tramitación de modificaciones de obra, lo que podría haber permitido la manipulación de los costos y la ejecución de los proyectos. Además, se ha mencionado que Levantina logró algunos contratos menores en Teruel y Asturias de manera independiente, lo que sugiere que su influencia podría extenderse más allá de la Comunidad Valenciana.
La investigación ha revelado un patrón de comportamiento que sugiere una red de corrupción en la que se han utilizado conexiones políticas y empresariales para obtener beneficios económicos a expensas de la transparencia y la legalidad. La UCO ha indicado que el caso está en curso y que se están recopilando más pruebas para determinar la extensión de las irregularidades y los posibles responsables.
La situación actual plantea importantes interrogantes sobre la integridad de los procesos de adjudicación de contratos públicos en España y la necesidad de una mayor vigilancia y regulación para prevenir futuros casos de corrupción. La relación entre el sector público y privado debe ser revisada para garantizar que se actúe en el mejor interés de la sociedad y no en beneficio de unos pocos.
