La situación política en España se ha visto sacudida por la reciente solicitud del juez Juan Carlos Peinado al Tribunal Supremo para investigar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en relación con el ‘caso Begoña Gómez’. Este caso ha captado la atención pública debido a las acusaciones de falso testimonio y malversación de caudales públicos que pesan sobre el ministro, lo que podría tener repercusiones significativas en el actual gobierno.
### Contexto del Caso Begoña Gómez
El ‘caso Begoña Gómez’ se centra en la contratación de Cristina Álvarez, quien fue nombrada asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en junio de 2018. Según la exposición razonada presentada por el juez Peinado, se han encontrado indicios de que Bolaños, en su calidad de secretario general de la Presidencia en ese momento, pudo haber participado en la contratación de Álvarez, quien desempeñó funciones que, según el juez, eran de carácter privado y no público.
Peinado argumenta que Álvarez fue contratada para asistir a Gómez en asuntos estrictamente personales, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de su salario, que se pagó con fondos públicos. A pesar de que Bolaños ha intentado desvincularse de esta contratación, las declaraciones de otros testigos han contradicho su versión, lo que ha llevado al juez a solicitar la imputación del ministro.
La investigación ha revelado que Álvarez no solo se ocupó de la agenda de Gómez, sino que también estuvo involucrada en la gestión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, lo que ha suscitado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias. La situación se complica aún más por la existencia de correos electrónicos que sugieren que Álvarez utilizó su posición para realizar gestiones en beneficio de la cátedra privada, lo que podría constituir un abuso de poder.
### La Declaración de Félix Bolaños
Durante su declaración ante el juez, Félix Bolaños se mostró evasivo y negó cualquier responsabilidad en la contratación de Álvarez. Afirmó que el proceso de selección de personal eventual en Moncloa fue manejado por otros funcionarios y que él no tenía control sobre las decisiones individuales. Sin embargo, el juez Peinado ha calificado esta actitud como «proterva», sugiriendo que Bolaños podría estar ocultando información relevante.
El interrogatorio de Bolaños fue tenso, y el juez le reprochó su falta de claridad en las respuestas. Peinado ha señalado que el testimonio del ministro no se ajusta a la realidad y que ha omitido información crucial, lo que podría ser considerado como un intento deliberado de engañar a la justicia. Esta situación ha llevado a la apertura de una pieza separada en la investigación, enfocándose específicamente en la contratación de Álvarez y la posible implicación de Bolaños en un delito de malversación.
La presión sobre el ministro aumenta a medida que se acercan las elecciones y la opinión pública se muestra cada vez más crítica con el gobierno. La posibilidad de que un miembro del gabinete sea imputado por un delito grave podría tener un impacto significativo en la estabilidad del gobierno de Sánchez, que ya enfrenta desafíos en varios frentes.
La situación se complica aún más por el contexto de una huelga de jueces y magistrados que se está llevando a cabo en protesta por la reforma del acceso a la carrera judicial, conocida como la ‘ley Bolaños’. Esta huelga ha puesto de manifiesto las tensiones entre el poder judicial y el ejecutivo, lo que podría influir en la percepción pública sobre la imparcialidad de la justicia en este caso.
En resumen, la solicitud del juez Peinado para investigar a Félix Bolaños por falso testimonio y malversación ha encendido las alarmas en el gobierno español. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centrará en cómo responderá el Tribunal Supremo a esta solicitud y qué implicaciones tendrá para el futuro político de Bolaños y del propio gobierno de Sánchez.
