En la localidad de Sueca, un incidente de violencia machista ha captado la atención de la opinión pública. Un vehículo Volkswagen T-Roc, perteneciente al actual novio de una mujer que ha denunciado acoso, fue incendiado de manera intencionada en la madrugada de un día de agosto. La palabra «Puta» fue marcada en la puerta del coche, lo que llevó a la víctima a presentar una denuncia formal sobre la situación de acoso que estaba viviendo desde su ruptura con un concejal del Partido Popular de Alfara del Patriarca. Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad de los procedimientos judiciales en situaciones de violencia de género y el tratamiento que reciben las denuncias de acoso.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número seis de València ha decidido sobreseer provisionalmente las actuaciones relacionadas con el acoso, las amenazas y el maltrato psicológico que la denunciante alegó haber sufrido. A pesar de que la causa por el incendio del vehículo sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número tres de Sueca, el hecho de que el incendio no haya sido calificado como un acto de violencia machista ha generado controversia. El Ministerio Fiscal ha argumentado que ambos procedimientos están interrelacionados, ya que el delito de daños por incendio está vinculado a las coacciones por razones de género.
La decisión del juez ha sido objeto de críticas, especialmente por la forma en que se ha interpretado la relación entre la víctima y su expareja. En el auto de archivo, el juez sostiene que los contactos entre miembros de una pareja en crisis son «previsibles» y que pueden dar lugar a intentos de reconciliación. Esto ha llevado a cuestionar la validez de la denuncia de la víctima, quien ha relatado un patrón de acoso sistemático desde su separación. La denunciante ha afirmado que su expareja la esperaba a la salida del gimnasio y frente a su domicilio, incluso durmiendo en el suelo durante 48 horas en el portal de su casa. Además, ha recibido un número alarmante de llamadas telefónicas, llegando a contabilizar 37 en un solo día.
El juez ha argumentado que no hay pruebas suficientes para considerar que las acciones del exconcejal alteraron el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. En cuanto a las supuestas coacciones, el juez ha señalado que las conductas del investigado son «interpretables» en el contexto de una relación sentimental complicada. Las amenazas, según el juez, carecen de la claridad necesaria para ser consideradas como tales, citando expresiones como «estás jugando con un fuego que no sabes controlar» como insuficientes para calificar el comportamiento del exconcejal como amenazante.
La acusación particular ha recurrido el sobreseimiento provisional, argumentando que se ha dado por cierta la versión del presunto maltratador, quien alegó que mantenían «una relación abierta». Este argumento no ha sido contrastado adecuadamente con la declaración de la víctima, lo que ha generado preocupación sobre la imparcialidad del proceso judicial. La valoración policial del riesgo también ha sido ignorada, a pesar de que se identificaron amenazas y planes dirigidos a causar daño a la víctima.
Este caso resalta la necesidad de un enfoque más riguroso y sensible hacia las denuncias de violencia machista y acoso. La falta de acción judicial efectiva puede perpetuar el ciclo de violencia y acoso, dejando a las víctimas en una situación vulnerable. La interpretación de las relaciones personales y el contexto en el que se producen los conflictos no debe eclipsar la gravedad de las denuncias de violencia de género. La sociedad debe ser consciente de la importancia de tomar en serio estas denuncias y de proporcionar un entorno seguro para que las víctimas puedan hablar y buscar justicia.
La situación en Sueca es un recordatorio de que la violencia machista no es un problema aislado, sino una cuestión que afecta a muchas mujeres en diversas comunidades. La respuesta judicial debe ser firme y clara, y debe priorizar la protección de las víctimas y la erradicación de la violencia de género. La sociedad en su conjunto tiene la responsabilidad de apoyar a las víctimas y de trabajar hacia un cambio cultural que condene la violencia en todas sus formas.
