La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que el Gobierno español encargará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un informe extraordinario sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este informe deberá ser presentado antes del 1 de junio de 2026, lo que marca un hito en la evaluación de las políticas de pensiones en el país. Esta decisión llega solo dos meses después de que la Airef validara la viabilidad del sistema, aunque con importantes críticas y advertencias sobre su sostenibilidad a largo plazo.
La necesidad de este nuevo informe se enmarca en un contexto de creciente presión tanto de la Airef como de la Comisión Europea, que han instado al Gobierno a realizar una evaluación más exhaustiva de las reformas económicas implementadas en el sistema de pensiones. El proyecto de real decreto que establece esta obligación ha sido sometido a audiencia pública, lo que refleja un intento del Gobierno de ser transparente y receptivo a las recomendaciones de organismos internacionales.
### Presiones y críticas sobre el sistema de pensiones
Las críticas hacia el sistema de pensiones han aumentado en los últimos meses, especialmente después de que la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, cuestionara la metodología utilizada para evaluar la sostenibilidad del sistema. En su informe del 30 de marzo, la Airef concluyó que no eran necesarios nuevos ajustes en el sistema de pensiones, pero también advirtió sobre las debilidades de los indicadores utilizados para medir su sostenibilidad. Herrero enfatizó que la regla de gasto en pensiones no es un parámetro adecuado para evaluar la viabilidad del sistema, lo que ha llevado a un debate sobre la necesidad de revisar los criterios de evaluación.
La presión de la Comisión Europea ha sido un factor determinante en la decisión del Gobierno de encargar este nuevo informe. En su último informe sobre España, la Comisión subrayó la importancia de una evaluación precisa del impacto de las reformas de pensiones en las cuentas públicas. La aplicación de la ‘cláusula de cierre’, introducida en la reforma de pensiones de 2023, se ha presentado como una herramienta para abordar las brechas de sostenibilidad fiscal, lo que ha llevado al Gobierno a actuar con rapidez para cumplir con las expectativas de Bruselas.
### Cambios en el enfoque de la evaluación
El proyecto de real decreto que establece la obligación de este nuevo informe incluye varios cambios significativos en la forma en que se evaluará la sostenibilidad del sistema de pensiones. En primer lugar, se introduce la obligación de que la Airef realice un informe extraordinario, que podría servir como una enmienda al informe crítico emitido en marzo. Este nuevo informe no solo evaluará la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino también la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, un aspecto que ha sido solicitado por la Airef desde hace tiempo.
Otro cambio importante es la eliminación de un listado específico de ingresos que la Airef debe considerar en su evaluación. Anteriormente, se incluían las transferencias del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, pero el nuevo borrador del decreto suprime esta obligación. Esto no significa que la Airef no deba considerar estas transferencias, pero ya no estará obligada a hacerlo de manera explícita, lo que podría afectar la forma en que se evalúa la sostenibilidad del sistema.
La reciente reforma de pensiones, impulsada por el exministro José Luis Escrivá, había establecido un marco para la evaluación periódica del sistema, con informes que debían realizarse cada tres años. Sin embargo, la crítica de la Airef y la presión de la Comisión Europea han llevado al Gobierno a reconsiderar este enfoque y a buscar una mayor transparencia en la evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
La situación actual refleja un momento crucial para el sistema de pensiones en España, donde las decisiones del Gobierno y las recomendaciones de organismos independientes y europeos jugarán un papel fundamental en la configuración de las políticas futuras. La necesidad de un enfoque más riguroso y transparente en la evaluación de la sostenibilidad del sistema es evidente, y el nuevo informe encargado a la Airef podría ser un paso importante en esta dirección.
