El Hospital de Manises ha sido el centro de un intenso conflicto financiero que involucra al grupo Sanitas y a la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana. Este enfrentamiento se ha intensificado tras la finalización del contrato de concesión que Sanitas tenía sobre el hospital, lo que ha llevado a una serie de liquidaciones pendientes que ascienden a 246 millones de euros. La situación ha generado un debate sobre la gestión pública y privada en el sector sanitario, así como sobre las responsabilidades financieras de las empresas concesionarias.
La historia de este conflicto se remonta a la concesión del Hospital de Manises, que fue otorgada a Sanitas en 2009. Durante los años de gestión privada, la empresa reportó beneficios significativos, alcanzando un total de 148 millones de euros entre 2009 y 2024. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la empresa ha enfrentado dificultades para cumplir con las liquidaciones que la Conselleria de Sanidad ha exigido tras la finalización del contrato. La situación se complicó aún más cuando Sanitas solicitó medidas cautelares para suspender el pago de las liquidaciones, argumentando que su cumplimiento podría llevar a la disolución de la sociedad.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha intervenido en este asunto, dictaminando que Sanitas debe cumplir con sus obligaciones de pago. En su resolución, el tribunal destacó que la empresa había disfrutado de beneficios sustanciales y que el reparto de dividendos, que ascendió a 101 millones de euros, no debería perjudicar a la administración pública. Esta decisión ha sido un golpe para Sanitas, que había argumentado que las liquidaciones no se ajustaban a los acuerdos establecidos en la Comisión Mixta de Seguimiento del contrato.
### La Gestión de las Liquidaciones: Un Proceso Controversial
Las liquidaciones que ahora están en disputa corresponden a los años 2011 a 2024, y su gestión ha sido objeto de críticas y controversias. La Conselleria de Sanidad, bajo la dirección de Marciano Gómez, ha defendido que las liquidaciones se han realizado de manera adecuada y tras las reuniones de la Comisión Mixta, que incluye representantes de la administración y de la empresa. Sin embargo, Sanitas ha cuestionado la competencia del órgano que realizó estas liquidaciones, alegando que no se siguieron los procedimientos adecuados.
El proceso de liquidación ha sido largo y complicado, con un tira y afloja jurídico que ha durado años. En 2023, un juzgado ya había dictaminado que la Conselleria tenía la autoridad para llevar a cabo estas liquidaciones, lo que llevó a la administración a actuar en mayo de 2024. Desde entonces, el conflicto ha escalado, con Sanitas buscando formas de evitar el pago de las cantidades adeudadas.
La situación financiera de la empresa también ha sido un punto de discusión. Según los informes, el activo corriente de Sanitas era de 205 millones de euros a finales de mayo de 2024, pero solo 119 millones estaban disponibles para atender obligaciones de pago a corto plazo. Esto ha llevado a la empresa a argumentar que el cumplimiento de las liquidaciones podría comprometer su existencia. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta argumentación, señalando que la empresa no puede utilizar su situación financiera como excusa para evadir sus responsabilidades.
### Implicaciones para el Sistema Sanitario
Este conflicto no solo afecta a Sanitas y a la Conselleria de Sanidad, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la gestión de la sanidad pública y privada en la Comunitat Valenciana. La situación del Hospital de Manises es un ejemplo de los desafíos que enfrentan las concesiones en el sector sanitario, donde las empresas privadas deben equilibrar la rentabilidad con el servicio público.
La decisión del TSJCV de exigir el pago de las liquidaciones podría sentar un precedente para futuros contratos de concesión en el ámbito sanitario. La administración pública ha enfatizado la importancia de garantizar que las empresas concesionarias cumplan con sus obligaciones financieras, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la salud. Esto podría llevar a una revisión de los contratos existentes y a una mayor supervisión de las empresas que operan en este sector.
En resumen, el conflicto entre Sanitas y la Conselleria de Sanidad sobre las liquidaciones del Hospital de Manises es un caso emblemático que refleja las tensiones entre la gestión privada y pública en el ámbito sanitario. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo se resuelve esta disputa y qué implicaciones tendrá para el futuro de la sanidad en la Comunitat Valenciana.
