La reciente encuesta realizada en la Comunitat Valenciana ha revelado un panorama desalentador para el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su gestión frente a la devastadora dana que afectó a la región el pasado 29 de octubre. Con un 81,2 % de los ciudadanos pidiendo su dimisión y un 90 % en contra de su reelección, la percepción pública sobre su liderazgo es abrumadoramente negativa. La catástrofe, que dejó 228 muertos y daños materiales incalculables, ha marcado un antes y un después en la opinión de los valencianos respecto a su gobierno.
La encuesta, llevada a cabo por Lápiz Estratégico Consulting, muestra que un 82,5 % de los encuestados califica la gestión del Consell como negativa, con un alarmante 54,9 % considerándola muy mala. Solo un 1,9 % de los participantes se atreve a emitir una valoración positiva sobre la actuación del gobierno autonómico en esta crisis. Este descontento se refleja de manera más intensa en la provincia de Alicante, donde el 90 % de los ciudadanos desaprueba la gestión del ejecutivo del PP. En Castellón, el 80,1 % de los encuestados también se manifiesta en contra, mientras que en Valencia, la cifra se sitúa en un 77,7 %.
La encuesta no solo revela la desaprobación hacia Mazón, sino que también pone de manifiesto la falta de confianza en la capacidad del Consell para gestionar situaciones de emergencia. La mayoría de los ciudadanos considera que la Generalitat fue la única responsable del retraso en el envío de alertas durante la dana, con un 67,2 % de los encuestados apuntando a su ineficacia. Este sentimiento de frustración se extiende a la falta de preparación y respuesta ante la catástrofe, lo que ha llevado a un clima de desconfianza hacia las instituciones.
La percepción negativa hacia el Consell se agrava al analizar la opinión sobre otros partidos políticos en la región. El PSPV, principal partido de la oposición, también enfrenta críticas, con un 55,9 % de desaprobación en su gestión. Vox, que inicialmente formó parte del gobierno de Mazón, no se queda atrás, con un 50,4 % de los ciudadanos calificando su actuación como insatisfactoria. Compromís, aunque con cifras algo menos negativas, también recibe un claro suspenso, con un 41,6 % de desaprobación.
La insatisfacción no se limita a la gestión de la dana, sino que se extiende a la percepción general de las instituciones. La falta de acción y la tardanza en la respuesta ante la emergencia han llevado a los ciudadanos a cuestionar la eficacia de sus representantes. La encuesta revela que un 56,1 % de los encuestados atribuye la responsabilidad de la falta de limpieza en ríos y barrancos a la Generalitat, mientras que un 26,4 % señala al Gobierno central. Esta división de responsabilidades refleja la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada ante emergencias.
A medida que la legislatura avanza, la presión sobre el Consell y su presidente se intensifica. La posibilidad de un adelanto electoral se convierte en un tema recurrente, ya que la inestabilidad política y la falta de confianza en la gestión del gobierno podrían llevar a un cambio en el liderazgo. La encuesta también indica que los ciudadanos están cada vez más dispuestos a exigir rendición de cuentas a sus representantes, lo que podría tener un impacto significativo en las próximas elecciones.
El descontento ciudadano se manifiesta no solo en las encuestas, sino también en la creciente movilización social. La reciente huelga general en Valencia, que reunió a miles de personas en las calles, es un claro indicativo de la frustración acumulada entre la población. Los ciudadanos exigen respuestas y soluciones a los problemas que les afectan, y la gestión de la dana se ha convertido en un símbolo de la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos.
La situación actual en la Comunitat Valenciana es un reflejo de la necesidad de un cambio en la forma en que se gestionan las crisis y se responden a las necesidades de la población. La falta de confianza en el Consell y su presidente es un llamado de atención para todos los actores políticos, que deben trabajar juntos para reconstruir la confianza y garantizar que situaciones como la dana no se repitan sin una respuesta adecuada. La ciudadanía está dispuesta a exigir un cambio, y la presión sobre el gobierno solo aumentará a medida que se acerquen las elecciones.
