La lucha contra la violencia de género ha cobrado un protagonismo crucial en la agenda política de la Comunidad Valenciana, especialmente tras las recientes declaraciones de la portavoz socialista de Justicia en las Corts, Alicia Andújar. En un contexto donde se espera un compromiso firme por parte de las instituciones para proteger a las víctimas, Andújar ha denunciado lo que considera una hipocresía por parte del Consell de Carlos Mazón. Según sus palabras, el gobierno autonómico ha manifestado su intención de renovar el Pacte contra la Violència de Gènere, mientras que, al mismo tiempo, desmantela las oficinas de denuncia y asistencia a las víctimas.
La crítica se centra en el hecho de que estas oficinas, que fueron establecidas para ofrecer asistencia integral a las víctimas de violencia de género durante todo el año, han estado cerradas durante los fines de semana desde julio. Andújar ha señalado que esta decisión es un claro retroceso en la lucha contra la violencia machista, ya que la asistencia a las víctimas no debería tener horarios ni vacaciones. La consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha sido objeto de reproches por seguir los pasos de su predecesora, a quien Andújar califica de negacionista de la violencia de género.
La portavoz socialista ha enfatizado que la violencia de género es un problema que requiere atención constante y que las políticas de recortes en este ámbito son inaceptables. «La lucha contra la violencia de género no conoce de vacaciones, ni de festivos, ni de recortes presupuestarios», ha afirmado Andújar, instando al Consell a redoblar esfuerzos en la protección de las mujeres. Esta situación ha generado un amplio debate en la sociedad valenciana, donde muchas voces se han alzado en defensa de la necesidad de mantener operativas las oficinas de denuncia, especialmente en un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante.
La importancia de las oficinas de denuncia radica en su papel como espacios seguros donde las víctimas pueden recibir apoyo y orientación. Estas oficinas no solo ofrecen asistencia legal, sino que también brindan recursos psicológicos y sociales, fundamentales para la recuperación de las víctimas. El cierre de estos servicios, aunque sea temporal, puede tener consecuencias devastadoras para aquellas mujeres que buscan ayuda en momentos críticos.
**La Respuesta del Consell y la Opinión Pública**
Ante las críticas, el Consell ha defendido su postura argumentando que se están realizando esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, muchos ciudadanos y organizaciones feministas consideran que estas afirmaciones son insuficientes y que las acciones concretas no están a la altura de las promesas. La falta de recursos y la reducción de servicios esenciales han generado una creciente preocupación entre la población, que teme que las políticas actuales no solo desprotejan a las víctimas, sino que también envíen un mensaje erróneo sobre la gravedad del problema.
Las redes sociales se han convertido en un espacio de debate activo sobre este tema, donde se han compartido testimonios de mujeres que han utilizado estos servicios y que han encontrado en ellos un apoyo vital. La comunidad ha mostrado su solidaridad y ha exigido al Consell que reconsidere su decisión de cerrar las oficinas de denuncia, especialmente en un momento en que la violencia de género está en el centro de la atención pública.
Las organizaciones feministas han convocado manifestaciones y actos de protesta para exigir que se mantengan abiertos estos servicios y se refuercen las políticas de protección a las víctimas. La movilización social ha sido clave para visibilizar la problemática y presionar a las autoridades para que actúen de manera efectiva. En este sentido, la respuesta del Consell será crucial para determinar si se tomarán medidas concretas que garanticen la seguridad y el bienestar de las mujeres en la Comunidad Valenciana.
**El Futuro de la Lucha Contra la Violencia de Género**
La situación actual plantea interrogantes sobre el futuro de la lucha contra la violencia de género en la Comunidad Valenciana. La necesidad de un compromiso real por parte de las instituciones es más urgente que nunca. Las políticas de igualdad deben ser una prioridad y no pueden ser objeto de recortes ni de decisiones que pongan en riesgo la vida de las mujeres.
La sociedad civil, junto con las organizaciones feministas, tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres y en la exigencia de políticas efectivas que garanticen su protección. La presión social puede ser un motor de cambio, y es esencial que la voz de las víctimas y de quienes trabajan en su apoyo sea escuchada. La lucha contra la violencia de género es un desafío que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, y es fundamental que las instituciones respondan con acciones concretas y efectivas.
