La gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana ha sido objeto de un intenso escrutinio tras la devastadora dana que afectó a la región el 29 de octubre. En el centro de la controversia se encuentran varios funcionarios de alto rango, cuyas decisiones y acciones durante la crisis están siendo investigadas. Este artículo examina las implicaciones de sus roles y las dinámicas de poder que emergen en situaciones de crisis.
### La Metáfora de la Experiencia y la Responsabilidad
La exconsellera Salomé Pradas, quien se encuentra en el centro de la investigación, utilizó una metáfora poderosa para describir la situación: más de cien años de experiencia en el Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, contrastan con la falta de preparación que se evidenció durante la crisis. En su defensa, Pradas argumenta que la verdadera responsabilidad recae sobre los técnicos presentes en la reunión crítica del 29 de octubre, quienes, a pesar de su vasta experiencia, no lograron actuar de manera efectiva.
Entre los funcionarios destacados se encuentra José Miguel Basset, quien recientemente se jubiló y era el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos. Con cuatro décadas de experiencia en la gestión de crisis, Basset ha sido señalado por su papel en el retraso del envío del Esalert, una herramienta de alerta que se utilizó por primera vez durante esta emergencia. La controversia gira en torno a un debate entre Basset y otro técnico, Jorge Suárez, sobre la conveniencia de enviar la alerta. Este retraso ha sido criticado por su impacto en la respuesta a la crisis.
Basset también ha sido objeto de críticas por su declaración sobre la retirada de los bomberos forestales en el barranco del Poyo, sugiriendo que se retiraron por la hora de comer. Esta afirmación generó un gran revuelo y llevó a Basset a disculparse públicamente. A pesar de su larga trayectoria y de haber sido un funcionario respetado, su papel en la crisis ha puesto en tela de juicio su legado en la gestión de emergencias.
### La Dinámica de Poder en la Gestión de Emergencias
Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, es otro de los funcionarios que ha estado bajo el foco. Con tres décadas de experiencia, Suárez ha enfrentado crisis significativas, incluyendo incendios forestales y la pandemia. A pesar de la turbulencia que siguió a la dana, Suárez ha mantenido su cargo, lo que indica una confianza en su capacidad para manejar situaciones críticas. Sin embargo, también ha sido señalado por sus decisiones durante la crisis, particularmente por su evaluación de las llamadas de emergencia recibidas.
El exsecretario autonómico Emilio Argüeso ha criticado a Suárez por desestimar el volumen de llamadas al 112, sugiriendo que no se le dio la debida importancia a la situación. Suárez, por su parte, ha intentado personarse en la causa judicial, buscando proteger su reputación y aclarar su papel en la gestión de la emergencia. La tensión entre estos funcionarios refleja una lucha de poder en la que las decisiones tomadas en momentos críticos son objeto de análisis y crítica posterior.
Otro actor clave en esta narrativa es José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana. Con casi 25 años de experiencia, Núñez ha sido señalado por la Generalitat por las previsiones meteorológicas que se consideraron insuficientes. Su situación se complicó aún más cuando se convirtió en el blanco de ataques en redes sociales, lo que lo llevó a solicitar una baja médica. La presión sobre Núñez ilustra cómo la gestión de crisis puede afectar no solo a las comunidades, sino también a los profesionales encargados de la planificación y respuesta.
Finalmente, Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ha mantenido un perfil bajo a pesar de ser uno de los funcionarios más criticados. Su silencio y la falta de comunicación durante la crisis han sido objeto de escrutinio, y aunque ha sido llamado a declarar, su papel ha sido defendido por la jueza, quien ha señalado que la responsabilidad de la vigilancia de los barrancos recaía en la Generalitat.
La crisis del 29 de octubre ha puesto de manifiesto las complejidades de la gestión de emergencias y las dinámicas de poder que operan en situaciones de crisis. Las decisiones tomadas por estos funcionarios no solo han tenido un impacto inmediato en la respuesta a la emergencia, sino que también han desencadenado un debate más amplio sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en la gestión pública. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo se desarrollan estos relatos y cómo se aborda la necesidad de una mejor preparación y respuesta ante futuras crisis.
