La reciente tragedia de la dana en Valencia ha desatado un intenso debate político, especialmente en el seno del Partido Popular (PP). La secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat, ha acusado a la ministra Teresa Ribera de ocultar información crucial durante su evaluación para el cargo de comisaria europea. Según un informe de la Guardia Civil, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), bajo la dirección de Ribera, no emitió alertas durante un periodo crítico, lo que podría haber contribuido a la tragedia que dejó 228 víctimas. Montserrat ha cuestionado la transparencia del proceso de selección de Ribera, sugiriendo que su gestión durante la crisis fue deficiente y que desvió la responsabilidad hacia el anterior gobierno del PP.
Por otro lado, la jueza que investiga la causa ha desestimado el informe de la Guardia Civil, calificándolo de «erróneo» y señalando que no se solicitó una valoración sobre las acciones de los intervinientes. La magistrada ha enfatizado que el informe se desvió de su propósito original, que era proporcionar una cronología de los eventos, y no una evaluación de negligencias. Esta controversia ha puesto de relieve la tensión entre los partidos políticos y la necesidad de una gestión más efectiva en situaciones de emergencia.
