La reciente controversia en torno a la Conselleria de Igualdad de la Comunitat Valenciana ha captado la atención de la opinión pública y ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los menores. El Síndic de Greuges, un organismo que actúa como defensor del pueblo en la región, ha incluido a esta conselleria en su «lista negra» debido a la falta de colaboración en una investigación relacionada con la difusión de un video que involucra a menores tutelados.
La polémica comenzó cuando la Conselleria publicó un video en sus redes sociales que mostraba a menores bajo su tutela durante una visita a un zoológico. Aunque la administración defendió que el video no comprometía la intimidad de los menores, el Síndic de Greuges argumentó lo contrario, señalando que las imágenes mostraban claramente los rostros de algunos de los niños. Esta situación llevó al organismo a abrir una investigación, solicitando a la Conselleria una serie de documentos y la elaboración de un protocolo para garantizar los derechos de los menores.
### La respuesta de la Conselleria y la denuncia del PSPV
El PSPV, partido socialista en la región, no tardó en reaccionar ante la situación. Su síndic en Las Corts, José Muñoz, presentó una denuncia formal ante el Síndic de Greuges y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia. En su denuncia, Muñoz destacó que el video no solo ponía en riesgo la privacidad de los menores, sino que también parecía tener un objetivo político, buscando mejorar la imagen de la consellera Susana Camarero.
El Síndic de Greuges, tras analizar las alegaciones de la Conselleria, emitió un dictamen que rechazaba los argumentos presentados. En este dictamen, se afirmaba que se habían vulnerado los derechos de los menores, específicamente el derecho a la propia imagen y a la protección de datos personales. El defensor subrayó que la difusión del video no contaba con el consentimiento necesario y que se habían desvelado detalles personales de los menores, lo que constituía una clara violación de sus derechos.
Además, el Síndic recordó a la Vicepresidencia la obligación legal de priorizar el interés del menor sobre cualquier otro aspecto. En este sentido, se le instó a implementar medidas para prevenir futuras intromisiones en los derechos de los menores tutelados y a elaborar un protocolo que garantizara la protección de su intimidad.
### La falta de respuesta y las implicaciones legales
A pesar de las recomendaciones del Síndic, la Conselleria no respondió en el plazo establecido, lo que llevó a una nueva resolución que criticaba duramente su falta de colaboración. Esta omisión ha resultado en la inclusión de la Conselleria en la lista de entidades que no cumplen con sus obligaciones ante el Síndic de Greuges. Muñoz calificó esta situación como «una vergüenza», señalando que la máxima responsable de los servicios sociales en la Comunitat Valenciana no solo había cometido un error grave, sino que también se había negado a corregirlo.
El artículo 35 de la Ley 2/2021, que regula la actuación del Síndic de Greuges, establece que las entidades deben responder de manera clara y efectiva a las recomendaciones formuladas por esta institución. La falta de respuesta de la Conselleria no solo implica una falta de respeto hacia el organismo, sino que también pone en riesgo la protección de los derechos de los menores tutelados, quienes son el foco de esta controversia.
La situación ha generado un amplio debate en la sociedad valenciana sobre la responsabilidad de las instituciones en la protección de los derechos de los menores. La difusión de imágenes que comprometen la intimidad de los niños es un tema delicado que requiere una atención especial, y la falta de un protocolo claro por parte de la Conselleria ha suscitado preocupaciones sobre la gestión de los menores bajo su tutela.
La polémica también ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y colaboración entre las instituciones encargadas de la protección de la infancia. La confianza en estas entidades es fundamental para garantizar que se respeten los derechos de los menores y que se actúe en su mejor interés.
En este contexto, la respuesta de la Conselleria y su disposición para colaborar con el Síndic de Greuges será crucial para restaurar la confianza en la gestión de los menores tutelados. La elaboración de un protocolo que garantice la protección de sus derechos es una medida que se espera con urgencia, no solo para evitar futuras violaciones, sino también para asegurar que se actúe de manera responsable y ética en la atención a los menores en situaciones vulnerables.
