La reciente decisión del Ayuntamiento de Jumilla, respaldada por el Partido Popular (PP) y Vox, de prohibir las celebraciones islámicas en instalaciones municipales ha generado un fuerte debate. Esta medida, que afecta a una comunidad musulmana significativa en la localidad, ha sido impugnada por el Gobierno, que argumenta que la prohibición vulnera el derecho a la libertad religiosa. La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha solicitado la anulación de este acuerdo, señalando que las razones presentadas para justificar la prohibición no son válidas y que las festividades musulmanas se han celebrado durante años sin inconvenientes.
La controversia comenzó cuando Vox propuso una moción que buscaba explícitamente prohibir las festividades islámicas, lo que llevó a una modificación del acuerdo por parte del PP para evitar mencionar directamente a esta religión. Sin embargo, el Gobierno considera que la intención detrás de la medida es discriminatoria, lo que ha llevado a la intervención de las autoridades nacionales. La delegada del Gobierno ha advertido que, si el Ayuntamiento no atiende el requerimiento, se podrían tomar acciones legales adicionales para revertir la decisión.
