La reciente decisión del Gobierno central de trasladar a menores solicitantes de asilo desde Canarias ha generado un intenso debate. Este lunes, un grupo de diez adolescentes, compuesto por nueve malienses y un senegalés, fue el primero en ser trasladado a la península, cumpliendo así con una orden del Tribunal Supremo que exigía una respuesta ante el colapso del sistema migratorio en las islas. Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la falta de planificación y la improvisación del Ejecutivo, subrayando que estos jóvenes no son «mercancías» sino seres humanos que requieren un tratamiento adecuado y respetuoso.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han expresado su desacuerdo con el proceso de traslado, calificándolo de «nefasto» y «interesado». En particular, el consejero de Interior de Madrid ha manifestado su rechazo a la medida, argumentando que la comunidad no tiene la capacidad para acoger más menores sin una adecuada planificación y recursos. Esta situación ha llevado a un clima de incertidumbre y desconfianza, tanto entre los gobiernos regionales como entre los propios migrantes, quienes se encuentran en una situación vulnerable y dependiente de decisiones políticas que afectan su futuro.
